La Diputación derriba sin ninguna autorización ocho viviendas de titularidad pública

El PSOE acusa al diputado Albarrán de haber destruido patrimonio público saltándose todos los trámites. Hace un año se comprometió a buscar un uso a los pisos que los socialista querían fueran para estudiantes becados o familias desahuciadas.

El grupo socialista en la Diputación de Salamanca acusa al equipo de Gobierno de Javier Iglesias de haber derribado sin ningún tipo de permiso ocho viviendas de propiedad pública en el complejo del Reina Sofía. Según el diputado Manuel Ambrosio Sánchez, el derribo se llevó a cabo saltándose toda la normativa y sin los preceptivos expedientes de ruina o de derribo, así como sin licencia urbanística.

 

El PSOE ha salido a denunciar este hecho cuando ha podido comprobar que la medida se tomó sin cobertura legal alguna. Según el diputado socialista, el pasado 2012 su grupo se interesó por la situación de estos pisos, propiedad de la Diputación, y que estaban sin uso; se encontraban en mal estado, aunque según los socialistas solo requerían una reforma menor. En noviembre de 2012, el diputado popular Francisco Albarrán se comprometió a rehabilitarlos y buscarles un uso ya que estaban registrado como bienes para el servicio público.

 

Sin embargo, en julio de 2013 se produce su derribo junto al de las instalaciones del viejo hospital psiquiátrico que, este sí, llevaba décadas sin uso. Según el PSOE, el derribo de las ocho viviendas se hizo sin expediente alguno de derribo, ni de ruina; no hay proyecto de derribo ni solicitud de licencia urbanística para la operación. Además, el PSOE denuncia que también hay un alta de recepción de obrasw alterado irregularmente.

 

El diputado socialista considera "grave la destrucción de un patrimonio público" y sostiene que la Diputación se ha saltado el proceso legal para el derribo. Sánchez atribuye la decisión "a la mala gestión y las malas prácticas instaladas desde hace tiempo en la Diputación" y al hecho de que el equipo de Gobierno haya preferido "quitarse un estorbo antes que gestionar".

 

El grupo socialista habia propuesto destinar esos ocho pisos a alojar estudiantes becados de la provincia, a familiares de pacientes hospitalizados, a alojar familias desahuciadas o a familias víctimas de la violencia de género. Cualquiera de las funciones hubiera sido posible dada la declaración como bien de dominio público y para el uso público que tenían los pisos antes de ser derribados.

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