La Diputación cubre un tercio de su plantilla con nombramientos 'a dedo' que copan la mayoría de servicios

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias.

Javier Iglesias suma cerca de 250 puestos entre libres designaciones y vacantes ocupadas temporalmente. Los escogidos ocupan los primeros puestos de casi todos los servicios, una práctica dudosa y con un alto coste: 780.000 euros/año en libres designaciones.

La contratación de personal en las administraciones a través del concurso público se ha reducido en los últimos años a la mínima expresión. Lo normal es que se amorticen los puestos de trabajadores que se jubilan y que tampoco se creen nuevos, con lo que encontrar trabajo en el sector público es complicado, al menos, si queremos que sea por cauces igualitarios y en libre concurrencia. Sin embargo, esto no ha impedido que crezca el número de los que se cubren con otras fórmulas con un denominador común: la dependencia de las decisiones políticas.

 

Es el caso de la Diputación de Salamanca, donde cada vez son más los puestos que se otorgan 'a dedo'. Para conseguirlo se recurre a figuras concretas, como las libres designaciones y las vacantes ocupadas por interinidades, comisión de servicios y otras figuras en las que el nombramiento tiene un importante componente discrecional. No hay más que acudir a la relación de puestos de trabajo de la Diputación para constatar su elevado número.

 

Según la RPT vigente para 2014, la Diputación que dirige Javier Iglesias acumula 38 libres designaciones y 210 vacantes ocupadas. En total, 248 de los 815 puestos, prácticamente un tercio de la plantilla que tiene contrato directo con la institución provincial, dejando a un lado organismos autónomos. Nombramientos con un alto componente personalista, porque las fórmulas de designación que se usan están vinculadas a la decisión del equipo de Gobierno y la dirección de turno, en este caso, y desde hace muchos años, del Partido Popular.

 

En el caso de las libres designaciones, se trata de puestos que forman parte de la plantilla y que se cubren con el denominado personal de confianza. Su uso está perfectamente autorizado y regulado, pero es una figura de la que se abusa, generalmente, para colocar a personas de confianza. El problema se produce cuando ocupan puestos técnicos donde sería deseable una total indepedencia de los criterios políticos. Y es que son precisamente los cargos políticos los que hacen estas libres designaciones.

 

En el caso de la Diputación de Salamanca, copan la mayoría de puestos de relevancia del organigrama; de hecho, casi todos los cargos de mayor nivel y las jefaturas de servicio están cubiertos con personal de la casa al que se escoge por libre designación. Entre ellos están directores de área, jefes de servicio, de sección, numerosos adjuntos a jefaturas, interventor y adjunto al interventor, tesorero, coordinadores diversos... el núcleo que maneja los resortes de la institución está colocado en estos puestos por este sistema, por encima de carreras funcionariales.

 

El desempeño de estas labores tiene, no obstante, un coste bastante importante. Las libres designaciones están acompañadas de un complemento específico que se suma a las retribuciones por salario base, antigüedad, complementos de destino y pagas extras. Ese complemento específico oscila entre los 10.000 y los 25.000 euros al año; hay algún caso muy por debajo, pero la mayoría se mueven en torno a los 20.000 euros/año. Y los puestos más altos cuentan con complementos de hasta 37.000 euros. Entre todos, superan los 780.000 euros de coste cada ejercicio para las arcas públicas.

 

 

 

VACANTES OCUPADAS

 

Es la situación que más se repite. Son puestos que existen y que, en vez de sacarse a concurso, se cubren con fórmulas temporales, fundamentalmente, comisión de servicios e interinidades. El problema surge cuando se pervierte la solución. Sobre el papel, no es posible tener vacantes ocupadas en comisión de servicios por más de un año, con una prórroga máxima de otro año; a partir de ahí, la normativa exige que se convoque concurso público para cubrir los puestos. Como mal menor, se deberían cubrir con bolsa de empleo, pero tampoco se hace.

 

Sin embargo, la Diputación mantiene actualmente, y según su RPT de 2014, 210 de estas vacantes ocupadas. Están repartidas por casi todas las áreas, donde llama la atención las 21 vacantes ocupadas de peón en el servicio de carreteras, las 24 de la residencia asistida o las cerca de 50 de la residencia mixta. No es posible determinar cuántas superan ese año de ocupación máxima, pero según los sindicatos hay comisiones de servicio e interinidades que se prolongan durante décadas sin que se pongan en marcha concursos públicos. El caso más claro de permanencia en el tiempo es el de los servicios sociales y las residencias dependientes de la Diputación. Sus complementos específicos oscilan entre los poco más de mil euros y los 5.000 al año.

 

Entre las vacantes ocupadas, hay casos que han salido a la luz en los que se crea un puesto para luego cubrirlo por un concurso específico; son los puestos creados 'a medida'. Resalta que cuentan con complementos específicos más ceranos a las libres designaciones que al resto de comisiones de servicio o interinidades. Es el caso del jefe de servicio de análisis económico, el asesor técnico de la lonja agropecuaria, el jefe de la unidad técnica de valoraciones, el jefe de unidad de obras, el director del Instituto de las Identidades... que superan los 10.000 euros/año de complemento a sumar a salarios.

 

 

 

EMPLEOS EN VILO Y PÉRDIDA DE INDEPENDENCIA

 

 

La elección de las fórmulas citadas para cubrir casi un tercio de la plantilla de la Diputación de Salamanca tiene algunas consecuencias que se apoyan en el hecho de que una parte importante de la plantilla tiene su puesto en el aire o atado a una decisión personalista. Esto mantiene la continuidad de muchos en vilo, con lo que la Diputación está ofreciendo un empleo que no es estable ni de calidad, lo que puede dañar el desempeño de los cometidos encomendados; y, por otro lado, reduce la posibilidad de críticas.

 

Además, al ser las designaciones políticas una de las pocas vías para la promoción interna hacia puestos mejor remunerados, esta práctica habitual acaba por ser asumida por los propios trabajadores; en muchas ocasiones, existe la tentación de ganarse el favor de aquellos que pueden hacer libres designaciones, lo que debilita la independencia y el sentido crítico de los funcionarios públicos.