La Diputación asume el cese del tesorero y el adjunto al interventor y los recoloca en dos nuevos puestos

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y el vicepresidente, Carlos García Sierra.

La Diputación acata, después de varios intentos de no hacerlo, el auto del TSJ que declaró nula la adjudicación de estos dos puestos. Busca otros dos puestos vacantes de similar nivel para colocar a los afectados a la espera de que prospere el recurso que ha presentado.

Ha tardado casi dos meses, pero finalmente la Diputación de Salamanca ha tenido que asumir el auto judicial que anuló los nombramientos de dos de sus cargos fundamentales, los de tesorero y adjunto al interventor. Dos nombramientos en régimen de libre designación y que habían sido anulados en varias ocasiones sin que la institución hubiera ejecutado hasta ahora la sentencia. Eso sí, lo ha hecho en última instancia porque se le echaba encima el plazo para llevar a efecto la sentencia. Y mientras prospera o no el recurso que ha presentado, ha dispuesto el nombramiento de los dos afectados para dos puestos existentes, pero vacantes, dentro de la relación de puestos de trabajo.

 

La decisión se ha estado fraguando en los últimos días y se ha hecho efectiva en el pleno extraordinario de este viernes. De hecho, la Diputación ha tenido que tomar esta salida porque se le acababa el plazo para ejecutar la sentencia; de hecho, el vicepresidente y diputado de Organización y Recursos Humanos, Francisco Albarrán, reconoció en pleno que está pendiente un recurso de la Diputación a este auto.

 

Sin embargo, no se ha sustanciado a tiempo y a la Diputación no le ha quedado otro remedio que acatar el auto del pasado 12 de marzo, en el que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León conminaba a la institución provincial a ejecutar correctamente una sentencia de 2010, cuando declaró nulos los nombramientos del Adjunto a la Intervención y del Tesorero General. En su día, la Diputación recurrió a la práctica de cesar a los trabajadores en estos puestos, cubiertos en régimen de libre designación, y volver a nombrarlos en el mismo acto, una actitud que el TSJ ha calificado como burla e intento de no cumplir con la ejecución de sentencia.

 

Esta situación ha dejado en evidencia las prácticas de contratación de la Diputación porque, aunque este caso viene de lejos (se inició con una denuncia en 2007), es la actual corporación presidida por Javier Iglesias la que ha intentado evitar una ejecución efectiva de las sentencias y con nombramientos 'a la carta', con perfiles diferentes a lo que se requiere, para poder cubrirlos por el sistema de libre designación, esquivando la normativa.

 

Sin embargo, la Diputación ha vuelto a dar, de manera provisional y mientras se resuelven los recursos (hasta ahora los ha perdido), una solución en la misma filosofía de contratación. Según ha podido saber TRIBUNA, se han producido numerosas reuniones para reubicar a estos dos trabajadores, fijos de la Diputación, en otros dos puestos vacantes de similares niveles. Según las fuentes consultadas, no hay plazas libres en la RPT que se ajusten totalmmente, pero el tesorero puede ser reubicado como Director de Organización del Área de Recursos Humanos, puesto vacante y en libre designación con un complemente específico cercano a los 25.000 euros anuales.

 

Y el hasta ahora titular del puesto de adjunto a la intervención puede pasar a ser Jefe de Análisis Económico y Contabilidad Informatizada, puesto que ha quedado vacante por ejecución de otra sentencia el pasado diciembre; el puesto de adjunto a la intervención tenía un complemento cercano a los 33.000 euros, mientras que en el de análisis económico, es de cerca de 20.000 euros anuales.

 

Este puesto de análisis económico fue creado en 2010 y ha sido objeto también de controversia, ya que se cubrió con personal laboral y en libre designación. Sin embargo, y según la ley de bases de régimen local, las funciones que corresponderían a esta plaza están entre las reservadas para personal funcionario. Así lo sentenció el TSJ en 2010, cuando también puso de manifiesto que sacarla para personal laboral impedía el acceso igualitario a las responsabilidades laborales públicas.

 

Ante esta situación, la Diputación decidió recurrir de nuevo a ejecuciones de sentencia que no cumplían con lo que se pedía; alegó que la persona designada era personal laboral fijo y volvió a hacer cese y nombramiento, lo que no era suficiente, con lo que el TSJ dictó un nuevo auto el pasado diciembre en el que anulaba la ejecución de sentencia y pedía una más acorde, algo que finalmente se ha hecho. La plaza quedó vacante y ahora se ha usado para solucionar otro de los nombramientos nulos.