La Diputación admite que derribó las viviendas del Reina Sofía sin licencia

La institución asegura que no cometió ninguna ilegalidad a la hora de tramitar la demolición de los edificios y que no era necesario llevar la decisión a pleno. También que obtuvo licencia a posteriori y que estaban en ruina.

El grupo popular en la Diputación de Salamanca ha salido al paso de las acusaciones de los socialistas sobre la gestión del derribo de varios edifcios del complejo del Reina Sofía, que implicó la demolición de ocho viviendas de titularidad pública. En una nota de prensa, los populares aseguran que "que no existe ningún tipo de ilegalidad en el derribo de las citadas viviendas" y que "la Diputación de Salamanca no contraviene ninguna ley urbanística que no permita demoler dicho edificio".

 

La misma nota explica que "estas viviendas eran un bien de dominio público que no implica que el terreno donde se encontraban construidas tuviera que ser desafectado a la hora de acometer su demolición ya que la normativa no lo exige. Al no ser necesario desafectar no se requería tratar este asunto en pleno, ni someter a exposición pública", motivo por el cual acusa al grupo socialista de mentir en sus afirmaciones.

 

La nota continúa diciendo que "es totalmente falso que no exista un expediente de actuación en estas viviendas. Se inició un expediente administrativo que consta de una providencia de inicio y de una serie de actos administrativos que lo van concluyendo, como el decreto que formaliza la adjudicación de las obras de derribo y el acta de recepción de las mismas".

 

Sin embargo, en la misma comunicación el grupo popular reconoce una deficiencia. "La única anomalía que pudo existir en el expediente es de forma y subsanable, en ningún caso material, que fue la falta de licencia, defecto que fue subsanado con posterioridad en el expediente", dice textualmente la nota.

 

Los populares aseguran, por otro lado, que las viviendas del Reina Sofía no eran habitables, "ya que corrían un serio riesgo de derrumbe, razón por la que meses atrás la última inquilina tuvo que abandonar el edificio". También añaden que el presupuesto de rehabilitación de las viviendas supera el cincuenta por ciento del valor de las viviendas, uno de los supuestos que permite proceder al derribo.