La defensa de la acusada del triple crimen de Boecillo pide su ingreso en un centro psiquiĂĄtrico

Uno de los fallecidos era un niĂąo de tres aĂąos discapacitado natural de Salamanca

La defensa de la que fuera trabajadora de Mensajeros de la Paz Graciela L.B, acusada de asfixiar a tres menores discapacitados de cuyo cuidado se hacĂ­a cargo en el centro que dicha ONG posee en Boecillo (Valladolid), considera inimputable a la procesada y solicitarĂĄ su internamiento en un centro psiquiĂĄtrico durante el tiempo mĂ­nimo imprescindible.

La representaciĂłn legal de la excuidadora entiende que el dĂ­a de autos su patrocinada se encontraba sumida en un estado de enajenaciĂłn mental transitorio y por ello exime a ĂŠsta de cualquier responsabilidad penal, si bien, como medida de seguridad, ve necesario que Graciela L.B. sea sometida a tratamiento psiquiĂĄtrico en un centro adecuado y durante el tiempo mĂ­nimo imprescindible, segĂşn informaron a Europa Press fuentes jurĂ­dicas.

Su postura, sin embargo, contrasta con la del Ministerio Fiscal y las tres acusaciones particulares personadas en la causa, ya que todos tipifican los hechos como delitos de asesinato y coinciden al solicitar 20 aĂąos de prisiĂłn por cada uno de ellos y la prohibiciĂłn de residir en Valladolid, Salamanca o Burgos por tiempo superior a siete aĂąos al de las condenas, sintonĂ­a que, sin embargo, no se da en el capĂ­tulo de responsabilidad civil por cuanto la acusaciĂłn pĂşblica interesa indemnizaciones que suman 150.000 euros y los familiares de las vĂ­ctimas cantidades que suman 500.000 euros.

En el caso concreto del niùo de 9 aùos Daimer E.Q, el representante legal de la familia reclama 200.000 euros, mientras que el progenitor de Miguel Ángel S.C, de 14 aùos, solicita otros 200.000 euros, de ellos 50.000 para un hermano menor de la víctima, y los padres de David G.C, de 3 aùos, natural de Salamanca una indemnización de 100.000 euros, en todos los casos con responsabilidad civil subsidiaria de Mensajeros de la Paz, la asegurada de dicha ONG y la Junta de Castilla y León, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

La acusada del triple crimen serĂĄ finalmente juzgada por un jurado popular, ya que las partes personadas en la causa, que en las Ăşltimas semanas trataban de pactar la condena, rompieron finalmente las negociaciones tras alcanzar un principio de acuerdo consistente en una pena global de 45 aĂąos de cĂĄrcel, a razĂłn de 15 aĂąos por cada asesinato, pero no llegaron al consenso necesario en el capĂ­tulo indemnizatorio.

Gabriela L.B, de 55 aĂąos y natural de Uruguay, se ha escudado hasta ahora que no recuerda nada de lo ocurrido el dĂ­a de autos y ha venido sosteniendo que su Ăşnico propĂłsito era el de quitarse la vida, si bien lo cierto es que tres niĂąos discapacitados de 3, 9 y 14 aĂąos que tenĂ­a a su cargo aparecieron el dĂ­a 15 de agosto del pasado aĂąo muertos en su habitaciĂłn y con sus cabezas cubiertas con papel de cocina film en el centro 'Nuevo Amanecer' de Mensajeros de la Paz sito en el nĂşmero 1 de la calle Almendro, en la urbanizaciĂłn El Moral de Boecillo. La autopsia constatĂł como causa de la muerte la asfixia mecĂĄnica.

Imputable
El informe forense realizado a la detenida sobre su estado mental determina su imputabilidad, es decir, que es responsable a los efectos de responsabilidad penal, y ello a pesar de reconocer que se trata de una mujer que sufrĂ­a un trastorno adaptativo, asĂ­ como que tenĂ­a depresiones y habĂ­a estado en tratamiento.

De hecho, la acusada ya protagonizĂł un intento de suicidio el 10 de septiembre del pasado aĂąo, cuando, de forma voluntaria, se arrojĂł desde una terraza del Centro Penitenciario de Valladolid y sufriĂł diversas fracturas, mientras que dieciocho dĂ­as despuĂŠs, cuando se recuperaba de las lesiones en el ClĂ­nico Universitario, aprovechĂł un descuido de los sanitarios para abrirse los puntos de la herida.