La crisis casi triplica en un año el volumen de infracciones laborales

La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca resulta un índice más para analizar la crisis financiera que azota a este país sin remisión. La comparativa interanual permite vislumbrar un alza del número de infractores, al evolucionar de 1.995 trabajadores sancionados en 2008 a los 5.613 del ejercicio pasado, aunque este aumento no se traduce en el importe de las infracciones, porque la recaudación descendió durante el año recién finalizado (de 1,2 millones de euros a 820.312 euros), al igual que las ilegalidades en el campo laboral, pasando de 549 a 407 y el número de actuaciones.
A. R. L.

La retahíla o amalgama de cifras establece una radiografía de la conducta de los empleados en la provincia, aunque carecen de una interpretación porque el Ministerio de Trabajo silencia la valoración de los inspectores ante la ciudadanía al entender que desempeñan “una labor técnica y su opinión no resulta interesante para las personas”, como anuncian a este periódico, tras solicitar una lectura de los números, cuando paulatinamente descienden las actuaciones por parte del cuerpo de inspectores (13.288, en 2007, 9.728, en 2008, y 7.223 en 2009).

Los sindicatos, por contra, levantan la voz ante la laxitud de la Administración. “Se están aligerando las inspecciones y no sé si por falta de medios, de inspectores”, reflexiona el secretario provincial de UGT, Agustín Rodríguez, para recalcar que “el sentimiento general es que existe una “ineficacia”, y siempre en “detrimento de lo que el Estado necesita, es decir, un mercado laboral decente y justo”. ¿En qué servicios se percibe este escenario? “En los servicios, en la hostelería y el comercio, en el transporte y en gran parte de las concesiones de la Administración, porque licitan a la baja proyectos con el objetivo de ahorrarse costes”, lamenta Rodríguez, con las consiguientes consecuencias, al tiempo que avisa que este es el momento propicio, en plena vorágine de la crisis, para incrementar costes, que redundarán en ingresos, es decir “una inversión que generará beneficios”
La valoración de la secretaria provincial de CCOO, Mercedes Elena, camina en el mismo sentido. “Desde la Inspección se tarda mucho en dar una solución, pero porque falta personal, y es una reivindicación que llevamos realizando desde hace tiempo”, asegura, para advertir que “hay muchas denuncias que no se tramitan, por ejemplo, una empresa denunciada por impagos, pero cuando quiso actuar la Inspección ya había cerrado”. Entre los principales sectores afectados, Mercedes Elena coincide con Agustín Rodríguez en señalar al de la construcción, considerando la actividad en todos los sectores satélites, al que engloba la gestión que desempeña el personal que trabaja en oficinas y despachos y el de las inmobiliarias, aunque recalca que “todos” han registrado denuncias por irregularidades.