La conflictividad en el TC entre Estado-CCAA crece con respecto a la etapa Zapatero y vuelve a las cifras de Aznar

El Constitucional batió en 2012 su récord de sentencias sobre estos conflictos, 66, aunque tiene 237 pendientes


MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas por la defensa de sus respectivas competencias creció el año pasado en relación a los años de José Luis Rodríguez Zapatero y ha vuelto a la etapa más convulsa de José María Aznar. Ambas partes se denunciaron ante el Tribunal Constitucional el año pasado en 43 ocasiones, frente a las 105 veces de toda la legislatura anterior y las 76 de la primera de Zapatero.

El Estado planteó 16 impugnaciones: cinco contra Cataluña, cuatro contra Andalucía, tres contra el País Vasco y otras tres contra Navarra. Y las comunidades presentaron 27: Navarra y Canarias, cinco impugnaciones cada una; Cataluña, cuatro; Andalucía, tres; Extremadura, Asturias y País Vasco, dos cada una; y Galicia, una. La mayoría de los casos son recursos de inconstitucionalidad (34 entre ambas partes, frente a nueve conflictos de competencia).

El primer año de legislatura con Mariano Rajoy al frente del Gobierno es por el momento más conflictivo que los años del socialistas José Luis Rodríguez Zapatero. De mantenerse este ritmo, se volvería a cifras de la época de José María Aznar: de 1996 a 2000, estas administraciones llevaron al Tribunal Constitucional sus diferencias en 141 ocasiones (35 impugnaciones de media al año) y en los cuatro años siguientes, de 2000 a 2004, en 217 casos (54 de media al año).

Los años más conflictivos fueron los primeros del Estado autonómico actual. Así, entre 1982 y 1986, las impugnaciones fueron 382: 134 por parte del Estado y 248, de las autonomías. En la legislatura siguiente, hasta 1989, se presentaron 284 casos ante el Constitucional.

Así figura en el informe sobre conflictividad elaborado por la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas sobre el primer año de la actual legislatura, al que ha tenido acceso Europa Press. En él se recoge también que el Constitucional dictó además 66 sentencias, el año con más resoluciones desde que se inició esta contabilidad (1981). Dio la razón casi a partes iguales al Estado y las autonomías.

Entre los asuntos que han denunciado el Estado se encuentran las prestaciones farmacéuticas, las sanitarias, la convocatoria de plazas para profesores o la paga extraordinaria para los funcionarios, medidas aprobadas por distintas autonomías en contra de las restricciones impuestas por el Gobierno.

En el caso de las autonomías, y además de los conocidos conflictos en materia sanitaria o educativa, recurrieron normativa de muy diversos contenidos: agua, agricultura, medio ambiente, urbanismo y vivienda, energía, función pública o comercio. En todos los casos, consideran que el Estado vulnera competencias autonómicas.

CÓMO PREVENIR EL CONFLICTO

El Estado y las comunidades autónomas tienen cauces para tratar de evitar el conflicto ante el Tribunal Constitucional. Comparten comisiones mixtas y bilaterales en las que negociar directamente y cuentan además con departamentos encargados de revisar la cuestión competencial de las leyes antes de que se aprueben.

En el caso del Estado, es la dirección general de Coordinación de Competencias la encargada de revisar que los proyectos se ajusten a la Constitución. Los propios y los de las autonomías, ya que estos son remitidos a los ministerios correspondientes para que los estudien.

Si se encuentra algún "vicio de inconstitucionalidad", se le envía a la autonomía una carta de cooperación explicando el problema. El año pasado, se enviaron 28 de estas cartas, a todas las autonomías salvo Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja. Además, una vez aprobadas las leyes autonómicas y para lograr "un correcto desarrollo legislativo", el Estado les envió otras 54 cartas de cooperación.

Y las comunidades autónomas hacen lo propio, revisan los proyectos del Estado y envían cartas de cooperación cuando encuentran "observaciones competenciales", según se explica en este informe. Estas dudas son remitidas al ministerio en cuestión.