La Cámara renuncia a defender a los empresarios de las irregularidades en la 'trama Diputación' por 200 euros

Miembros de la gestora de la Cámara, el día de su estreno.

La gestora provisional toma la decisión de retirarse y dejar a PSOE e IU frente a los intereses de los implicados del PP. La Cámara cuenta con abogados en plantilla y la defensa tendría un coste irrisorio: 200 euros del procurador.

La gestora que comanda la Cámara de Comercio de Salamanca ha tomado la decisión de retirarse de la causa que investiga las irregularidades de la conocida como 'trama Diputación', el escándalo de presuntas adjudicaciones irregulares de obras de la institución provincial en el que están implicados un vicepresidente del PP y un alto funcionario amigo personal de Fernández Mañueco. Una decisión que justifica porque dice no sentirse perjudicada a pesar de que, en su día, el sector de la construcción y numerosos empresarios mostraron su indignación por el trato de favor que permitió a un ramillete de empresas 'escogidas' beneficiarse de contratos por 12 millones de euros.

 

La decisión es de suficiente calado como para poner en entredicho la autoridad de la gestora para tomar esta determinación cuando se trata de un órgano provisional que deberá dar paso a la directiva que salga de unas elecciones cuando finalmente se convoquen; el retraso es de varios años sobre la fecha prevista y el proceso arrancó en octubre, hace casi ocho meses. En su día, fue una directiva legítima la que decidió entrar en este proceso al entender que se perjudicaba a algunas empresas para favorecer a otras.

 

Este medio ha consultado por los motivos oficiales de la decisión. Tras la consulta, el departamento de medios de la Cámara ha asegurado que "la Comisión Gestora decide retirarse del proceso al considerar que la Cámara no es una entidad perjudicada". Sin embargo, hay que recordar que el escándalo gira en torno a las adjudicaciones irregulares de contratos de obras a una serie de empresas con concursos hechos a medida, lo que habría perjudicado a todo el sector de la construcción. Este fue el motivo por el que la directiva de la Cámara decidió en su día personarse.

 

Por contra, la gestora ha preferido sacar a la Cámara de este proceso, lo que deja al PSOE e IU al frente de los intentos por esclarecer este feo asunto frente a los intereses de los principales implicados, el vicepresidente de la Diputación por el PP, Carlos García Sierra, y el jefe de Fomento, Manuel Borrego, declarado amigo personal del alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco.

 

 

EL COSTE NO ES UN MOTIVO

 

Es el PSOE el que, hasta ahora, llevado la voz cantante en la causa a la que se sumaron IU y en su día la Cámara. Sin embargo, la renuncia de la gestora supone dejar sin cobertura a los empresarios salmantinos por un reducido coste. 

 

Con varios letrados en plantilla, entre los que se cuenta el exalcalde Julián Lanzarote, la institución cameral no tiene que asumir un coste que podría suponer una defensa jurídica porque ya paga ese servicio, y el único coste que habría tenido que asumir sería el del procurador; según fuentes judiciales, y , por el momento procesal en el que se encuentra, rondaría los 200 euros. A pesar de ello, sgún las fuentes oficiales de la Cámara, "cualquier personación judicial, sea personalidad física o jurídica, conlleva un coste económico".

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