La Audiencia Nacional investiga los permisos de Industria a la mina de Retortillo

El río Yeltes y el balneario de Retortillo.

Una denuncia lleva a la Audiencia Nacional a analizar la validez de la autorización previa para la instalación que concedió el Ministerio de Industria el pasado septiembre.

La Audiencia Nacional va a investigar la validez de la autorización previa que el Ministerio de Industria concedió hace unos meses y que permite la instalación de una planta de fabricación de concentrados de uranio junto a la mina de Retortillo, un proyecto que prentende concentrar en un mismo lugar la extracción del mineral y el tratamiento. La decisión de la audiencia la ha desvelado el diario 'El País' este miércoles por la noche en una información publicada en su edición digital.

 

La decisión de la Audiencia Nacional tiene que ver con una denuncia de Equo y Ecologistas en Acción, que han recurrido esa autorización previa concedida por Industria. Según este medio, la audiencia ya ha requerido al ministerio de Industria que le envíe los expedientes administrativos del proyecto y que notifique a la empresa que se inicia el pleito para que se persone.

 

Esta autorización previa es uno de los últimos pasos que precisaba el proyecto para su puesta en marcha. Según el decreto de la autorización, publicado en el BOE en septiembre, la empresa que lo impulsa, Berkeley, solicitó esta autorización hace más de cuatro años, en marzo de 2012 para la fabricación de concentrados de uranio, a partir del mineral extraído de los yacimientos de Retortillo y Santidad. Desde entonces, la empresa ha ido cumpliendo todos los trámites y consiguiendo los permisos necesarios de la Junta de Castilla y León, además de superar un requerimiento de información adicional en 2013 por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. En junio de 2014, el CSN dio por cumplidas todas sus exigencias y permitió que siguiera el trámite de la autorización previa, que el Ministerio de Industria concedió en septiembre pasado.

 

 

POLÉMICA EN EUROPA

 

En mayo de 2015, y tras recibir en 2014 la consulta de la empresa, la Comisión Europea giró un informe favorable al proyecto. Sin embargo, no es el último trámite porque la autorización caducará si en el plazo de cinco años desde su otorgamiento no se hubiese concedido la autorización de construcción.

 

Precisamente su paso por Europa ha sido una de las fuentes de controversia de la tramitación de autorizaciones. Un ex alto cargo del Ministerio de Agricultura, Manuel Lamela, asesoró a la empresa que impulsa el proyecto como miembro de una firma que se registró cómo lobby ante la Comisión Europea. Lamela fue alto cargo en ese ministerio en la etapa del ministro Miguel Arias Cañete; el último informe de la Comisión Europea iba firmado por Arias Cañete en calidad de comisario europeo de Energía, su puesto actual.

 

Además, a raíz de la pregunta formulada por Izquierda Unida, la Comisión Europea investiga si se han aplicado correctamente en este caso el Derecho de la Unión y, en particular, la evaluación de impacto ambiental y la Directiva sobre hábitats. En caso de que la evaluación jurídica revele una mala aplicación del Derecho de la Unión, la Comisión recuerda que, en su papel de guardiana de los Tratados, podrá adoptar las medidas necesarias, incluidos, en su caso, los procedimientos de infracción apropiados.