La Audiencia de Pontevedra juzga a cuatro personas acusadas de explotación sexual a una joven rumana

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha señalado para este jueves, 9 de mayo, el juicio contra cuatro personas acusadas de delitos de detención ilegal, de inducción a la prostitución a una joven rumana, e incluso uno de ellos de violación.



PONTEVEDRA, 8 (EUROPA PRESS)



La procesada A.C.I., con pasaporte rumano, según sostiene la Fiscalía, actuando "con la intención de atentar contra la libertad sexual y personal de su prima", nacida en mayo de 1987, "así como con ánimo de obtener beneficio económico de carácter ilícito procedente de su explotación sexual", la convenció para que se trasladara desde Rumanía a España con la falsa afirmación de que podría trabajar de camarera.

De modo que, según relata la Fiscalía, en agosto de 2010 la acusada acompañó a su prima en el autobús hasta Galicia convenciéndola, además, para que le entregase su documentación personal.

Durante un mes residieron en Pontecesures donde compartieron residencia con la pareja de la acusada, un hombre que responde a las iniciales A.R.C., y con antecedentes penales por violencia de género. Pasado ese tiempo se trasladaron a Málaga a trabajar en un club de striptease "supuestamente como bailarinas", aunque, según la Fiscalía, al llegar la acusada "obligó a su prima a ejercer la prostitución".

"La acusada obligó a su prima pegándole en varias ocasiones y le dijo que se olvidase de Rumanía", recoge el escrito de la Fiscalía, y también le señaló "que así no iba a ningún lado y lo que tenía que hacer era trabajar y ganar dinero que percibía la acusada".

El escrito de calificación detalla que durante todo el tiempo que estuvo en el club de Málaga la acusada era quien recibía el dinero que la víctima ganaba ejerciendo la prostitución, encontrándose la víctima en una situación continuada de dependencia económica, ejerciendo presión psicológica y física sobre la chica para que continuase ejerciendo la prostitución.

AGRESIÓN

Dos semanas después se trasladaron a Galicia y en el domicilio de Pontecesures la víctima fue supuestamente agredida sexualmente por el compañero sentimental de su prima. Iniciándose una situación de "constante vigilancia", por la que la encerraba con llave durante unos días en el piso de Pontecesures y la trasladaba a diferentes lugares para ejercer la prostitución como un piso de Santiago de Compostela, dirigido por las también acusadas M.C.L.M. y su hija P.C.G.L., las cuales "elegían a las chicas, imponían las condiciones en que estas debían desarrollar la actividad de prostitución, llevaban la contabilidad" entre otras tareas como con un listado de clientes, anuncios en prensa o comisiones por ganancias.

Estas dos últimas acusadas, madre e hija, actuaron según el fiscal "a sabiendas de la situación de dominio y superioridad" que había sobre la víctima, "imponiendo unas condiciones de trabajo abusivas que limitaban gravemente sus derechos laborales, abusando de su situación de vulnerabilidad".

Por todos estos hechos, la Fiscalía entiende que la prima de la víctima y su pareja sentimental son autores de un delito de detención ilegal y otro de inducción a la prostitución, así como de otro de detención ilegal, por los que pide para ella un total de ocho años y medio de prisión y 18 meses de multa con una cuota diaria de 18 euros. A estos delitos el hombre suma otro más de violación o de agresión sexual, por el que eleva la petición global de penas a los once años y medio de prisión y multa de 18 meses de multa con una cuota diaria de 24 euros.

Para las propietarias del piso en el que se ejercía la prostitución las considera autoras por un delito de aprovechamiento económico de la actividad de prostitución y otro de explotación laboral, por los que pide un total de tres años y medio de cárcel y 18 meses de multa con una cuota diaria de 18 euros.

La Fiscalía solicita como responsabilidad civil que se indemnice en concepto de reparación del daño moral o psicológico causado a la víctima en la cantidad de sesenta mil euros de los que responderían directa y solidariamente hasta el límite de su porcentaje los cuatro acusados, la prima y su pareja en un 90% y el resto las propietarias del piso de alterne.