La alcaldesa declara convencida de que ha hecho “lo correcto”

Preliminares. La Plataforma Defensa de Villamayor denunció a la primera edil del Consistorio, Elena Diego, por prevaricación y posibles irregularidades en la contratación de personal municipal
e. bermejo
La alcaldesa de Villamayor de Armuña, Elena Diego, declaró ayer en las diligencias previas abiertas por un supuesto delito de prevaricación y falsedad en documento público en relación con un proceso de contratación de personal municipal, tras la querella interpuesta por la Asociación Ciudadana Plataforma Defensa de Villamayor. Junto a ella comparecieron la concejal de Servicios y una trabajadora municipal, aunque el colectivo vecinal retiró la condición de imputada de la trabajadora y pidió que se le recogiera declaración como testigo.

Los hechos denunciados se remontan a agosto de 2008, cuando el Ayuntamiento promovió la contratación de monitores para las actividades de tiempo libre. Según el colectivo denunciante, se contrató a un trabajador “sin soporte legal, sin haberse presentado al correspondiente proceso selectivo y con el simple alegato del error administrativo, aún cuando el propio interventor emitió un informe previo advirtiendo de la ilegalidad del acto y nulidad de pleno derecho del contrato, que no fue rescindido hasta su finalización”.

Fuentes de la plataforma vecinal afirman, asimismo, que el contrato nulo de pleno derecho “fue modificado, pero nunca rescindido, por lo que la relación jurídica del Ayuntamiento con el trabajador fue siempre laboral y nunca administrativa, circunstancia ésta que obligatoriamente exigía un proceso selectivo que nunca existió para la adjudicación legal de la plaza”.

Por su parte, la alcaldesa aseguró ayer, al finalizar su declaración ante la juez, su absoluta “tranquilidad” y se mostró convencida de que había hecho “lo que tenía que hacer”, además de contestar a todas las preguntas de la magistrada pero, visto que el caso está sub iudice, no ha querido hacer ningún otro tipo de comentarios, aunque fuentes próximas al caso precisan que en su día se produjo un error administrativo que se subsanó en cuanto se tuvo conocimiento de ello.

En este sentido cabe recordar que, de forma paralela, el Grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Villamayor puso los hechos en conocimiento del Procurador del Común, que dictó una resolución en la que, si bien afirma que la trabajadora “vulneró los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, también señala que “en conclusión, esta Procuradoría ha constatado que los hechos denunciados por el autor de la queja han sido objeto de solución”, del mismo modo que la contratación de la trabajadora “se realizó en patente infracción de los principios constitucionales de acceso al empleo público y que por ese Ayuntamiento deben realizarse las actuaciones oportunas a fin de que esta situación no se repita en el futuro”.

En su día la alcaldesa declaró a este diario que efectivamente se había producido un error que “una vez detectado, fue corregido y validado tanto por la Secretaría del Ayuntamiento, como por la Intervención”.