La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, denunciada por no retirar una veintena de nombres franquistas del callejero

Placa de la avenida Fernández Ladreda

La alcaldesa segoviana, Clara Luquero, ha sido denunciada ante el Juzgado de Instrucción de Segovia por no retirar del callejero una veintena de nombres vinculados con el Franquismo, en contra de lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica.

La regidora es acusada de un delito de desobediencia y denegación de auxilio del artículo 410 del Código Penal, según recoge la demanda interpuesta este viernes por el abogado Eduardo Ranz Alonso.

Este delito lleva aparejadas una multa de tres a 12 meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. De forma subsidiaria, califica los hechos como una falta contra el orden público del precepto 634, que prevé el pago de una multa.


El letrado denunció a 38 alcaldes en los tribunales el pasado 11 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República.

El martes 14 de abril amplió las denuncias penales a 42 consistorios más y demandó también a una quincena de obispados y arzobispados, entre ellos el de Segovia, por consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y la dictadura franquista y mantener enterrados los restos de Franco, José Antonio Primo de Rivera o el general Queipo de Llano.

Este viernes por la mañana ha extendido su acusación a la alcaldesa de Segovia y ha presentado derecho de petición ante el Ayuntamiento para solicitar la retirada de 21 denominaciones franquistas del callejero, entre ellas la de la avenida Fernández Ladreda, una de las principales arterias comerciales de la ciudad; las de las calles General Varela y Sargento Provisional, así como de una quincena de calles del barrio de San José.

El abogado recuerda en su escrito que la Ley de la Memoria Histórica impone a las administraciones públicas adoptar las medidas para que se proceda a la retirada de monumentos conmemorativos que supongan exaltación de la Guerra Civil, con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978, y evitar la permanencia de vestigios que puedan causar enfrentamiento, agravio u ofensa al modelo constitucional de convivencia.

Ranz considera que la alcaldesa debería haber adoptado ya las medidas oportunas para la supresión de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura, al tiempo que advierte de que el Ayuntamiento no ha elaborado un catálogo de vestigios relativos a estos episodios.

EL CAMBIO DE NOMBRES, POLÉMICO

En Segovia, la eliminación del callejero franquista ha generado gran polémica en los últimos meses, tiempo en el que la alcaldesa ha asegurado en varias ocasiones que la supresión se llevaría a cabo porque así lo impone la Ley de la Memoria Histórica, pero además porque es un compromiso adquirido con único edil de IU, Luis Peñalosa, recogido en el pacto firmado con el PSOE tras convertirse en llave del gobierno municipal en los comicios de 2011. Luquero advirtió además de que podía ser denunciada por no retirar la nomenclatura, como había ocurrido a numerosos regidores.

Las placas con los nombres que sustituirán a los actuales ya fueron encargadas, aunque no será posible colocarlas antes de las elecciones al quedar suspendido legalmente el acuerdo adoptado por el Pleno para la modificación de la nomenclatura.

El cambio, al que han mostrado rechazo numerosos vecinos, comerciantes y empresarios, principalmente de la avenida Fernández Ladreda, salió adelante en sesión plenaria del 30 de enero de 2015 gracias al voto de calidad de la alcaldesa pero quedó paralizado después de que el Grupo Municipal Popular impugnara el acuerdo tomado y solicitara su suspensión por considerar que estaba "viciado de pleno derecho".

La petición no fue resuelta por el Pleno en un plazo de 30 días y la paralización quedó finalmente estimada en base al silencio administrativo positivo. Luquero, quien solicitó informe jurídico a la Secretaría General, está desde entonces a la espera de que concluya la suspensión para que el Ayuntamiento pueda actuar.

Los 'populares' aseguran que comulgan con la Ley de la Memoria pero opinan que el expediente de las calles no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 15 de la normativa ni con lo establecido en el Reglamento de Honores y Distinciones. A su juicio, la modificación se encuentra fundamentada únicamente en una decisión "arbitraria" consensuada por los concejales socialistas con IU.

El acuerdo plenario cuenta también con el rechazo del edil tránsfuga Javier Arranz, que lo considera "ilegal" por no ser convocado a la comisión informativa del que emanó el dictamen sobre el callejero que se llevó a la sesión para su debate. Contra este punto y otros presentó recurso contencioso-administrativo con el fin de que sean anulados.

Arranz cree además que el expediente para el cambio de calles franquistas no está completo y en el Pleno de febrero logró con el apoyo del PP sacar adelante una moción para que el expediente de la Ley de la Memoria fuera paralizado y mejorado.

OTRAS DENUNCIAS EN SEGOVIA

Vinculadas con la provincia segoviana, el abogado Eduardo Ranz presentó el martes denuncia contra el alcalde de Cantalejo, José Antonio Sanz (PP), así como derecho de petición ante el Ayuntamiento de este municipio, que según su escrito conserva en su callejero nombres como Falange Española, General Queipo de Llano, General Mola, General Franco o José Antonio.

Acusa además al obispo, César Franco, de delito contra la independencia al conservarse en territorio civil placas de conmemorativas del fundador de la Falange, tanto en fachadas de iglesias como en el interior del camposanto. Asimismo, registró escrito ante el Obispado para que este proceda a la retirada inmediata del territorio diocesano de la simbología de la Guerra Civil y la dictadura y tome las oportunas medidas para reparar el daño causado, presente y futuro.