Junta y sindicatos firman el acuerdo para abonar el 45% de la extra y el 55% restante, en enero de 2015

Imagen de la firma del acuerdo sobre la paga extra de los funcionarios

La Junta tendrá que desembolsar 50 millones de euros para abonar esta cantidad a los funcionarios.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este 24 de abril el acuerdo que permitirá devolver en mayo el 45 por ciento de la parte devengada de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 a los trabajadores de la Junta, lo que supone un desembolso de 23 millones de euros.

  

El 55 por ciento restante, que equivale a otros 27 millones, se abonará en enero de 2015 salvo que exista margen para adelantar su cobro a este año una vez garantizado el cumplimiento del objetivo de déficit.

  

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado este acuerdo y ha asegurado que no tienen motivos para "temer" nada especial por efectuar este pago ni encontronazos con el Ministerio de Hacienda y ha recordado que muchos ayuntamientos ya han dado este paso.

  

Además, ha incidido en que las desavenencias con algunos ministerios como el de Hacienda se producen en el marco de una "lealtad crítica, pero lealtad con el Gobierno" en la que hay "distanciamientos y pequeños conflictos" con algún departamento ministerial.

  

Con ello se ratifica el consenso alcanzado el 15 de abril por Ejecutivo autonómico y sindicatos en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, que se ha rubricado este jueves, al tiempo que se ha aprobado por parte del Consejo el acuerdo.

  

La importancia del pacto radica en que beneficia a alrededor de 100.000 trabajadores, ya que es de aplicación a los empleados de la Junta y sus organismos autónomos y se hará extensivo al personal de las universidades públicas y los centros educativos privados concertados, ha señalado la Junta. Todos ellos recibirán la paga extra correspondiente a 44 días sin necesidad de reclamarla por vía administrativa o judicial.

  

El acuerdo también es positivo para la Administración, que evitará enfrentarse a numerosos litigios en los tribunales y podrá afrontar con más facilidad un gasto elevado -en torno a 50 millones de euros en total- porque lo efectuará en dos plazos.

  

Con ello, por tanto, se da solución a la reivindicación de recuperar las retribuciones correspondientes a los días comprendidos hasta la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad del Gobierno de España, que estableció la supresión de la paga extraordinaria de Navidad del ejercicio 2012 para todos los trabajadores de las administraciones públicas, incluidos los de las comunidades autónomas.

 

APERTURA DE DIÁLOGO

  

Lo acordado no se limita a especificar los periodos de pago de la parte devengada de la extra de diciembre de 2012, sino que contempla abrir nuevas vías de diálogo en aspectos de importancia capital en materia de función pública.

  

En concreto, incluye el compromiso de abordar más medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos, así como la negociación de la oferta de empleo público para 2014 y las bases de un nuevo modelo de carrera profesional, el estudio de la implantación del concurso abierto y permanente para los funcionarios y la puesta en marcha de una campaña para la dignificación de la imagen de los trabajadores de la Administración.

  

El pacto ratificado por la Junta es el resultado de varios meses de negociaciones que fructificaron en el acuerdo alcanzado el pasado 15 de abril en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, el órgano de representación legitimado al efecto de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público.

  

En ese foro se aprobó sin ningún voto en contra, puesto que salió adelante con el apoyo de los representantes de CSIF, UGT, y CCOO y la abstención de FSES. Posteriormente se sometió al dictamen del Pleno del Consejo de la Función Pública, la Comisión de Asuntos Económicos, la Comisión de Secretarios Generales y, por fin, el Consejo de Gobierno.

  

La tramitación se completa con la firma del acuerdo por parte de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y los representantes sindicales, con objeto de que pueda entrar en vigor de inmediato.