Junta de Castilla y León y entidades locales trabajan para definir sus competencias

Los criterios generales que se han aplicado en el análisis y la distribución competencial entre unas entidades locales y otras son el principio de "una administración, una competencia".

La Junta de Castilla y León y representantes de una veintena de localidades elegidos por la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) han iniciado este lunes el trabajo de definición de competencias que deberán tener las mancomunidades de interés general rurales.

  

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, ha presidido esta primera reunión del grupo de trabajo constituido para definir la cartera común y homogénea de competencias de las mancomunidades de interés general rurales y los consorcios provinciales de servicios generales, reguladas en la Ley de Ordenación Servicios y Gobierno del Territorio.

  

Se pretende alcanzar una propuesta consensuada, a partir de la cual la Consejería de la Presidencia elaborará un decreto en el que poder recoger competencias y servicios. "Una administración, una competencia", eficacia, eficiencia y capacidad son los criterios generales sobre los que se basa el análisis de competencias, han informado a Europa Press fuentes del Gobierno autonómico.

  

En estas reuniones se trabajará sobre las diferentes materias, competencias y funciones locales de gestión de servicios y administrativas, que actualmente están atribuidas a los municipios; en las sucesivas reuniones se analizará si deben continuar ejerciéndose en ese ámbito municipal o es más operativo que se desarrollen en las nuevas mancomunidades de interés general rurales o consorcios provinciales de servicios generales.

  

Los criterios generales que se han aplicado en el análisis y la distribución competencial entre unas entidades locales y otras son el principio de "una administración, una competencia"; y los principios de eficacia y eficiencia, de tal forma que el ciudadano tenga garantizada la prestación de los servicios públicos, pero al menor coste posible, aplicando las economías de escala.

  

Asimismo, se tiene en cuenta el principio de capacidad, de tal manera que se ha distinguido dentro de los ayuntamientos tres tramos de población para analizar las competencias y funciones: hasta 1.000 habitantes, de 1.000 a 5.000 habitantes, y de 5.000 a 20.000 habitantes.

 

TEMAS TRATADOS

  

En este primer encuentro se han abordado las tres primeras materias locales concretadas en la previa reunión de constitución tales como las  infraestructuras generales, servicios administrativos generales, cooperación y asistencia interadministrativa.

  

Las reuniones del grupo de trabajo rotarán por diversas provincias de la Comunidad -la próxima, el 7 de marzo- y en ella se analizarán las materias de infraestructura viaria supramunicipal, infraestructura viaria municipal, abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales, alumbrado en vías públicas, cementerios, parques, jardines, áreas recreativas y zonas de esparcimiento.

  

El calendario de trabajo previsto se desarrollará de modo paralelo a la aprobación del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales.

  

El Gobierno autonómico impulsa la configuración de esta cartera homogénea de competencias y servicios para que, una vez aprobado dicho mapa de UBOST, esté a disposición de los municipios que voluntariamente quieran constituir una mancomunidad de interés general rural y puedan formalizarla. Este tipo de mancomunidad se convierte en una herramienta que ofrece la Ley de ordenación del territorio para que la unión voluntaria de municipios les haga más fuertes.

  

Asimismo, dar estos pasos facilitará que el medio rural disponga, como ya puede hacerlo el medio urbano, de la posibilidad de creación de estas mancomunidades de interés general, han apuntado las mismas fuentes.

  

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, y el director de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, participan por parte de la Consejería de la Presidencia en este grupo de trabajo, en el que también tienen presencia veinte representantes locales designados por parte de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.