José Francisco Bautista asegura que el "único responsable de lo que está pasando en la residencia de Hinojosa es el PP"

El alcalde acusa a la Junta de no abrir ningún expediente a la gerencia a pesar de las denuncias de familiares y trabajadoras

José Francisco Bautista, alcalde socialista de Hinojosa de Duero, ha sido muy duro para acusar al Partido Popular "de todo lo que está sucediendo en la residencia" La Laguna situada en el municipio salmantino.

Para él, "es una vergüenza que hasta el 24 de marzo ninguna inspección reflejara una irregularidad, por lo que nosotros como Ayuntamiento no podíamos actuar". Ahora, con este expediente en la mano, el Ayuntamiento está inmerso en un proceso de rescate legal de la adjudicación de la residencia para quitársela a la actual gerencia. De este modo, Bautista tacha de "incompetentes a las personas de la Consejería de Familia que nunca antes habían detectado deficiencias. "Antes del primer acta de deficiencias el Ayuntamiento estaba atado de pies y manos", añade.

Para Bautista, además, "el control e inspección de entidades, centros y servicios, públicos y privados" es competencia de la Junta de Castilla y León, como aparece reflejado en el artículo 54 de la Ley 5/2003 de Atención y Protección a las Personas Mayores.

Bautista, además, se pregunta: "¿Cómo es posible que las inspecciones de trabajo no hayan detectado que hay trabajadores en situación irregular. Ya no sé si es que desde la Consejería de Familia le deben algo a esta señora -la gerente del centro- para seguir ayudándola... ¿qué oculta el PP?" se pregunta el alcalde.

De este modo, José Francisco Bautista asegura que la forma normal de proceder sería "que la Junta abriera un expediente para que se subsanasen las deficiencias existentes y, si esto no fuera así, que abriera un nuevo expediente sancionador. Entonces debería avisar al Ayuntamiento de los plazos que tendría la gerencia y el Ayuntamiento podría actuar", resume.

De hecho, Bautista quiso alabar el "valor" de los trabajadores de la residencia, que a pesar de poner en peligro sus puestos de trabajo denunciaron "el abandono de los mayores y de las instalaciones".

Ya a principios de año, el delegado de la Junta en Salamanca Bienvenido Mena se vio obligado a intervenir al advertir que la Consejería cerraría la residencia de mayores si no se ofrecían los servicios adecuados.

En la actualidad hay 32 residentes de los 40 posibles, que pagan "religiosamente" de 570 a 900 euros al mes dependiendo del grado de asistencia que necesiten.