Javier Iglesias se apresta a un nuevo mandato con un ojo puesto en los juzgados

Javier Iglesias tiene todas las papeletas para ser reelegido hoy como presidente de la Diputación, pero su situación es muy diferente a la de hace cuatro años: ahora está imputado, tiene a dos diputados en la misma situación y llega desde el exilio de Beleña.

Javier Iglesias revalidará, previsiblemente, esta mañana su nombramiento como presidente de la Diputación de Salamanca por otros cuatro años. Sin embargo, su situación es muy diferente a la de 2011, cuando accedió por primera vez al cargo. Entonces lo hacía tras haber revalidado la alcaldía de Ciudad Rodrigo, venía de haber sido procurador en Cortes, senador y diputado, atesoraba una trayectoria sin mácula aparente y contaba con todo el apoyo del PP salmantino. Hoy eso es lo único que parece poder esperar, salvo sorpresa como la de la Diputación de Ávila, porque todo lo demás ha cambiado.

 

A día de hoy, Iglesias va a acceder a un cargo para el que se postuló como presidente del PP desde que se abrió el período electoral. Lo hará como concejal de una pequeña localidad, Beleña, donde los 69 votos que obtuvo la candidatura en la que iba Iglesias le dieron las cinco actas disponibles en un destino electoral polémico por las sospechas de uso de los votos de las residencias de ancianos de la localidad. Acude ya sin la preponderancia que le daba la duplicidad de cargos, ya que en Beleña no será alcalde como sí era en Ciudad Rodrigo. Pero la mayor diferencia estriba en su condición: lo hará como imputado justo en el momento en el que la regeneración es una de las tareas imprescindibles en todas las administraciones públicas.

 

Hace más de 20 meses que los juzgados admitieron a trámite una querella en la que se acusa al presidente de la Diputación de Salamanca de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. El motivo, el supuesto despido de varios empleados habituales de la feria agropecuaria (declarado ya nulo) para colocar en su lugar a trabajadores vinculados al PP. Lejos de ser una simple garantía procesal, esta situación ha obligado a Iglesias a declarar por dos veces y en calidad de imputado por esta acusación. A día de hoy no le ha sido revertida la condición de imputado y está a la espera de que un nuevo auto determine más interrogatorios o el inicio del juicio oral en el que se le acuse formalmente de delito: ese sería el punto procesal en el que tendría que dejar el cargo.

 

 

PENDIENTES DE LOS JUZGADOS

 

Esta 'espada de Damocles' política pende también sobre parte de su equipo ya confirmado. El que ha sido diputado de Ferias, Jesús María Ortiz, está imputado por los mismos delitos y en el mismo caso que el presidente Iglesias, y espera también novedades después de acudir dos veces, la primera con el mismo abogado que defendía a ambos cargos y la segunda ya con uno propio. Y también imputado está, pero en su caso por el escándalo de los contratos irregulares de obras, el diputado Carlos García Sierra, aspirante a repetir como vicepresidente, que también ha pasado por el juzgado a declarar y que está esperando decisiones judiciales.

 

Así que, en buena medida, Iglesias está también en manos de lo que digan los juzgados. Si alguno de los procesos se tuerce, el suyo o el de sus dos diputados, y termina por abrirse juicio oral parece inevitable que se produjeran dimisiones y una crisis de gobierno. Habida cuenta del tiempo que llevan imputados y la creciente presión por no tener políticos en esta situación en los cargos públicos, esa crisis podría ser profunda.

 

La suerte judicial que puedan correr Iglesias y sus dos diputados puede trastocar mucho una legislatura en la que volverá a tener mayoría, pero en la que tendrá que lidiar con un PSOE reforzado, con la incómoda presencia de Ganemos Salamanca y con la vigilancia que, sobre el papel, ejercerá Ciudadanos toda vez que ha expresado su rechazo a la presencia de imputados en partidos, listas e instituciones: aquí tiene los casos, ya en los juzgados, que alegó faltaban para oponerse a apoyar al PP en la capital.