Izquierda Unida reclama más control en los ayuntamientos, principales focos "de la corrupción en España"

Domingo Benito en rueda de prensa.

Entre las propuestas, exigen que todos los contratos por más de 12.000 euros se adjudiquen por concurso, que los delitos de corrupción no prescriban, o la creación de una Policía Fiscal. También recuerdan que "Javier Iglesias está pendiente de lo que diga el juez".

En vista de todos los casos de corrupción que han saltado a la luz en los últimos tiempos, como los Bárcenas, Gürtel, EREs, Nóos, Pujol, Matas y, especialmente el último, la Operación Púnica, Domingo Benito, coordinador provincial de Izquierda Unida en Salamanca, ha exigido mecanismos de control más duros contra la corrupción, ya que este problema "no se trata de manzanas podridas en la política, sino de la actuación que se haga después". Para la formación, "el tema no está en fiarse de las instituciones, sino más bien de crear mecanismos de desconfianza para evitar que ocurran, y ponerle lo más rápidamente posible".

 

Según indica Izquierda Unida, la corrupción se evita "mediante la ética y los mecanismos para dificultarla". Pero, señalan, "como no se puede controlar la ética de las personas, habrá que ponerlo difícil". Esto es, "hacer las instituciones de nuestro país totalmente transparentes, saber quién hace qué con el dinero de todos los ciudadanos".

 

Para Benito, la raíz de estos casos que han salido a la luz "prodece de la Ley del suelo que aprobó Aznar", y que "le dio a los ayuntamientos la capacidad y casi la obligación de especular con ese bien", con lo que "se convirtió prácticamente en una subasta, disparando los precios, beneficiando a constructoras y perjudicando a ciudadanos". Por ello, la mayor parte de la corrupción en España "procede de los consistorios". Y, según Benito, cuando ya no pudieron hacerlo tras estallar la burbuja inmobiliaria, los ayuntamientos se dedicaron a "aprobar concesiones, privatizaciones, a dedo".

 

Medidas en los Ayuntamientos

 

Por ello, Izquierda Unida ha presentado al Gobierno 45 propuestas para mejorar el control y el castigo a la corrupción. En la actualidad, las concesiones "de menos de 15.000 euros se pueden hacer a dedo, sin concurso público, así como las obras de menos de 50.000. Proponemos reducir el umbral a 12.000".

 

Del mismo modo, "para evitar el concurso, los ayuntamientos han llegado a hacer contratos partidos", es decir, varios contratos pequeños para poder realizarlo a dedo. Por ejemplo, "las licencias de los autobuses en algunos lugares se ofrecían por barrios". De esta manera, la formación exige que "una adjudicación no pueda contratarse de forma separada". Del mismo modo, proponen que las empresas "den cuenta de cada euro que gastan del dinero público".

 

Por otra parte, reclaman que se limiten las modificaciones de los planes generales que configuran la ordenación de la ciudad, ya que se utilizan "para especular y para recalificar terrenos". Además, insiste, Benito, hay que ajustarse a "la utilización del suelo prevista originalmente". Por ejemplo, "el caso del Corte Inglés, cuyos terrenos estaban destinados a uso social, y finalmente se construyeron estos grandes almacenes y el Ayuntamiento recibió muchos menos metros".

 

También recordó el "oscurantismo de las diputaciones", que han dado casos como el de Fabra o el presidente de la de León. De hecho, señala Benito, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, "dejó de contratar a personal eventual para poner a personas relacionadas con el partido". Y esto, "a espera de lo que diga el juez, sea finalmente un delito o no, no es aceptable en política".

 

Más propuestas

 

Asimismo, la federación plantea "que no prescriban los delitos por corrupción, y que supongan 30 años de inhabilitación". Además, proponen la creación de una Policía Fiscal dentro de la Agencia Tributaria para mejorar el control y prevenir el blanqueo de dinero.

 

También piden la modificación de la Ley de contratos, que no permita los sobrecostes cuando se adjudica una obra. Para Benito, España es "el único país desarrollado del mundo en el que los sobrecostes están tan generalizados. Nos llevamos las manos a la cabeza cuando el Canal de Panamá se negó a pagar las plusvalías a una empresa española".