IU pide al Ayuntamiento que inste a la Junta a adoptar medidas similares a las aprobadas en Andalucía sobre vivienda

Antonio Moreno, coordinador local de Izquierda Unida

Antonio Moreno, coordinador local de IU, ha denunciado que en Salamanca hay decenas de familias que están afectadas por desahucios o son víctimas de una injusta regulación hipotecaria

Desde Izquierda Unida Salamanca aseguran que "en la actualidad la falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse, los desahucios y la deuda arrastrada de por vida derivada de ellos suponen un serio problema social que deriva en exclusión real de personas dentro del sistema económico y social español".

 

Por esta razón subrayan que es "inadmisible que se dé esta situación teniendo en cuenta que la Constitución no permite el 'uso antisocial de la propiedad', el uso especulativo del suelo o la vivienda, el enriquecimiento injusto y las condiciones abusivas aprovechándose de un bien tan necesario y denuncian que en Salamanca hay decenas de familias que están afectadas por desahucios o son víctimas de una injusta regulación hipotecaria que hace que no solo pierdan o estén en riesgo de perder su vivienda, sino que además se quedan con una parte de la deuda".

 

Antonio Moreno, coordinador local de IU, ve "escandaloso que mientras tanto exista un atesoramiento por parte de las entidades financieras de dichas viviendas, adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior a que estas mismas entidades valoraron en la concesión de sus créditos y manteniéndolas en muchas ocasiones desocupadas una vez han procedido al desahucio".

 

Para la organización de izquierdas esta situación puede ser calificada de "emergencia social y económica y por tanto es necesario que los Gobiernos acaten el contenido de la Constitución y adopten medidas extraordinarias y urgentes".

 

En este sentido, Antonio Moreno ve necesario "extender las medidas que, tras el impulso de Izquierda Unida en el Gobierno de Andalucía, han sido adoptadas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda mediante el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, ante la inacción demostrada por el Gobierno Central que no adopta las medidas de salvaguarda de dichos derechos a las que viene obligado y se niega a modificar la legislación hipotecaria que ha generado en buena parte este problema". 

 

Por esta razón ha pedido al Ayuntamiento de Salamanca que "inste a la Junta a tomar medidas similares en la Comunidad de Castilla y León".