IU denuncia que las obras de las nuevas oficinas de la Diputación en Ciudad Rodrigo tuvieron un 80% de sobrecoste

Infografía realizada por Izquierda Unida

"Es difícil calcular cuánto hubiera costado la obra de no haberse empeñado en ejecutar un proyecto que había sufrido modificaciones expresas, claras y contundentes por parte de Patrimonio", se lamentan desde Izquierda Unida.

El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha ofrecido en la mañana de hoy una rueda de prensa para dar a conocer una de las noticias que aparecerán en el próximo ejemplar del periódico “Ciudadan@s”. En este caso, Alejandra Méndez y Domingo Benito han querido hacer hincapié en una información sobre las obras de acondicionamiento de las nuevas oficinas de la Diputación Provincial en Ciudad Rodrigo. Para ellos, “el relato del Presidente de la Diputación de que 'las obras son así' o que 'han surgido imprevistos' no se sostiene si se miran con detalle las fechas y el expediente administrativo”, han dicho.

 

LOS COSTES DE LA OBRA

 

Las obras en el edificio de “Los Sitios” de Ciudad Rodrigo, han tenido diversas complicaciones que las ha dilatado y que han aumentado sus costes. De esta forma, tres han sido los contratos que se han adjudicado. El primero de ellos, en diciembre de 2013, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial Agroman y Fandiño Alfayate. El precio de salida del concurso era de 240.080 euros y esta UTE fue la oferta más barata, con un descuento del 21,3%, comprometiéndose a realizar la obra por un total de 187.923 euros.

 

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Una vez adjudicada, comienzan a aparecer nuevos contratos, a llegar los sobrecostes. A través de un procedimiento negociado sin publicidad (31/07/2014), la misma UTE consigue el contrato “complementario” con un importe de 93.701 euros.

 

Así, una obra que iba a valer 187.000 euros termina costando un 80% más: 341.500 euros, aseguran desde Izquierda Unida.

Por último, hay un tercer contrato del mes de octubre de 2014 por un importe de 59.875 euros que es adjudicado como contrato menor (sin ningún tipo de concurso) a una empresa llamada “Compañía de Obras Castillejo”. Esta empresa forma parte del grupo Ferrovial y el contrato se titula “medidas de accesibilidad”. 

 

Así, una obra que iba a valer 187.000 euros termina costando un 80% más: 341.500 euros, aseguran desde Izquierda Unida.

 

LA PUERTA DE SÁNCHEZ ARJONA

 

Lo más intrigante de todo el proceso no es el conjunto de contratos complementarios que se van sucediendo sino que una parte de los mismos se dan tras la paralización cautelar de las obras por parte de la Comisión Territorial de Patrimonio.

 

Para comprender las razones hay que retrotraerse a momentos anteriores a la licitación de la obra. En junio de 2013, la Diputación solicita al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo una licencia de obras para la realización de las actuaciones de acondicionamiento en este edificio. El edificio es Bien de Interés Cultural y por tanto la Comisión Territorial de Patrimonio debe emitir informe al respecto.

 

Los días 18 y 30 de junio de 2013, el arquitecto municipal y la Comisión de Patrimonio emiten informes con algunos reparos al proyecto presentado por la Diputación. Una ventana proyectada en la fachada no se podrá realizar, será necesaria la supervisión para la exploración arqueológica y, por último e importante, hay serios reparos con una puerta que se quiere proyectar en la calle Sánchez Arjona. Tanto la Comisión como los técnicos municipales consideran más apropiado utilizar la puerta principal, de 1738 con escudo de Felipe V, situada en la Calle Juan Arias.

 

El 12 de septiembre de 2013, el arquitecto emite nuevo informe “después de haber recibido nueva documentación de la Diputación”. Según este informe, la Diputación asume las prescripciones realizadas por la Comisión y no proyectará ninguna nueva ventana en la fachada ni la puerta de la Calle Sánchez Arjona.

 

A finales de 2013 se realiza la adjudicación de la obra a las empresas anteriormente mencionadas. Para IU “lo único que puede explicar lo que sucede a continuación es que la adjudicación se haga con un proyecto que no tenga en cuenta la prohibición expresa de utilizar la puerta de Sánchez Arjona como puerta principal”. Y lo que ocurre es que la empresa comienza las obras y las ejecuta tal y como estaban previstas en el proyecto inicial: utilizando como puerta principal una nueva en Sánchez Arjona para lo cual se rasga la pared existente.

 

Esto motiva que el 9 de junio de 2014, la Comisión Territorial de Patrimonio ordene la paralización cautelar de las obras, que seguirá vigente hasta el 14 de julio de 2014. Los motivos son tres: En primer lugar, la famosa puerta de Sánchez Arjona. En segundo lugar, que se han realizado actuaciones cromáticas sin consultar a la Comisión. En tercer y último lugar, se han ampliado las ventanas que dan a Sánchez Arjona en unas dimensiones superiores a las permitidas. La paralización cautelar se da teniendo en cuenta que existe peligro para la integridad de un edificio que es Bien de Interés Cultural.

 

La suspensión cautelar se levanta cuando la Diputación garantiza a la Comisión de Patrimonio que dará marcha atrás a las actuaciones  irregulares realizadas y continuará con el proyecto aprobado y permitido. Días después se adjudica el contrato “complementario” (93.701€) y varios meses más tarde se completa con el contrato de “accesibilidad” (59.875€).

 

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO DE PUERTA

 

El cambio en el proyecto de la que sería la puerta principal tiene más consecuencias prácticas de las que aparentemente puedan vislumbrase. Dado que el portón de la Calle Juan Arias no iba a ser utilizado como entrada principal, en el espacio que hay tras él se proyecta una sala de reuniones principal sin necesidad de establecer acondicionamiento de accesibilidad alguno.

 

El cambio de puerta principal hace cambiar también toda la disposición interna del edificio. El espacio donde antes habría una sala de reuniones se convierte en puerta principal, lo que obliga, entre otras cosas, a retirar unas escaleras para colocarlas en el interior y acondicionar las rampas necesarias. Además, reorganizar internamente el edificio para dar “coherencia” a la disposición de despachos y salas dado que el acceso será por otro punto distinto.

 

Gran parte de las actuaciones del último contrato (de “accesibilidad”) van destinadas a resolver “situaciones sobrevenidas” tras la paralización de las obras por la Comisión de Patrimonio. Pero difícilmente pueden entenderse como “imprevistos” si ha sido la propia Diputación la que ha hecho caso omiso a unas prescripciones que eran cristalinas y claras desde el primer momento.

 

Es difícil calcular cuánto hubiera costado la obra de no haberse alguien empeñado en ejecutar un proyecto que había sufrido modificaciones expresas, claras y contundentes por parte de la Comisión de Patrimonio. Lo cierto es que, del contrato de “accesibilidad” (casi 60.000€) una gran parte de las actuaciones tienen que ver con esta cuestión, apuntan desde IU.