Intervienen más de 2.000 navajas, algunas de ellas para venderse en Salamanca

Valencia y Ciudad Real. Las armas prohibidas eran importadas desde China para distribuirlas en países europeos y en varias provincias españolas
E. G.

La Guardia Civil ha intervenido y precintado un total de 2.062 navajas automáticas, 2.052 almacenadas en una empresa con sede social en L´Olleria, en Valencia, y las diez restantes pertenecientes a un establecimiento de Puertollano, en Ciudad Real. Las armas eran importadas de China y se iban a distribuir tanto en países europeos (Serbia e Italia) como en diversas provincias españolas, entre ellas, Salamanca, según publicó ayer el diario ABC, en su edición digital.

En el reverso del envoltorio de la navaja automática constaba el importador, por lo que la Guardia Civil inició las investigaciones para localizar al distribuidor, ya que este tipo de armas están catalogadas como prohibidas.

La Benemérita de Albacete contactó con la Intervención Central de Armas y con los servicios de Intervención de las provincias afectadas, con el objetivo de localizar más ejemplares que pudieran haberse distribuido. Según el Instituto Armado, las 2.062 navajas se iban a distribuir en las provincias de Sevilla, Murcia, Jaén, Málaga, Vizcaya, Cádiz y Salamanca.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Cuchillería de Albacete, Aprecu, Juan Antonio Barbero, –que denunció esta práctica ilícita– mostró su rechazo a la importación y la comercialización de este tipo de armas, que están prohibidas en España desde 1981. Esta decisión de prohibir la venta de estas armas, según Barbero, causó un importante daño al sector de la cuchillería, ya que esta norma obligó a varias empresas a cerrar.

Por último, Juan Antonio Barbero lamentó que en momentos de difícil situación económica “es un añadido más la competencia desleal que venimos sufriendo”. Por ello, solicitó una mayor protección para las empresas nacionales. Las dos empresas a las que les intervinieron navajas de este tipo han sido denunciadas por una supuesta infracción a la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.