Ingresa en prisiĂłn la acusada del triple infanticidio tras recibir el alta hospitalaria

La juez rechaza la personaciĂłn de Mensajeros como acusaciĂłn particular y autoriza a la Junta como parte "ofendida", no perjudicada

Gabriela L.B, presunta autora de la muerte de tres menores discapacitados registrada el 15 de agosto en un centro de acogida que la ONG Mensajeros de la Paz gestiona en el tĂŠrmino vallisoletano de Boecillo, permanece ingresada en el Centro Penitenciario de Valladolid desde las 11.30 horas, despuĂŠs de que recibiera la correspondiente alta hospitalaria, segĂşn informaron a Europa Press fuentes de la investigaciĂłn.

La mujer, de 55 aĂąos y origen uruguayo, permanecĂ­a ingresada desde el lunes 15 de agosto en el MĂłdulo Penitenciario del Hospital ClĂ­nico Universitario de Valladolid, donde se recuperaba de las lesiones que ella mismo se autoinfligiĂł con un cutter en las muĂąecas y los pies y, ademĂĄs, se hallaba bajo custodia ante el temor a que pudiera volver a intentar quitarse la vida.

Pese a que al dĂ­a siguiente de su detenciĂłn el juzgado ya habĂ­a decretado para ella prisiĂłn provisional comunicada y si fianza como autora de tres delitos de homicidio, su encarcelamiento estaba a expensas Ăşnicamente del alta hospitalaria, requisito que finalmente se ha dado a primera hora de esta maĂąana.

Por otro lado, y cuando todavĂ­a son una incĂłgnita los motivos que llevaron a Graciela L.B. a acabar con la vida de los tres menores, a los que asfixiĂł con papel film de cocina, ya que tanto a preguntas de la Guardia Civil como del juez asegura no recordar nada y que su Ăşnico propĂłsito era el de quitarse la vida, lo que sĂ­ ya ha acordado la titular del Juzgado de InstrucciĂłn 6, encargada del caso, es denegar a Mensajeros de la Paz la personaciĂłn en la causa como acusaciĂłn particular por si de su actuaciĂłn en los hechos pudiera derivarse algĂşn tipo de responsabilidad civil subsidiaria.

"CrĂłnicas de unas muertes anunciadas"
Por su parte, la FederaciĂłn de Trabajadores de la EnseĂąanza de UGT en Valladolid ha aprovechado la tragedia para asegurar que ĂŠsta era la "crĂłnica de unas muertes anunciadas", lo que obliga a reflexionar sobre la precaria situaciĂłn de los trabajadores del sector de la discapacidad.

En este sentido, el sindicato, a travĂŠs de un comunicado recogido por Europa Press, ha criticado a la Junta por el trato que viene otorgando a los trabajadores del sector privado de la discapacidad, "ignorando sus reivindicaciones y manteniĂŠndolos en unas condiciones salariales vergonzosas, lo que implica la baja valoraciĂłn que atribuye al trabajo, tan necesario como admirable, de estos profesionales".

AsĂ­, UGT entiende que la Junta, como entidad encargada de la tutela de estos niĂąos, deberĂ­a de exigir a todas las empresas que ofrecen servicios sociosanitarios a personas con discapacidad que faciliten los medios para que se cumpla la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995 de PrevenciĂłn de Riesgos Laborales (LPRL), estableciendo mecanismos que faciliten su aplicaciĂłn en todos sus tĂŠrminos: evaluaciones de riesgos, planes de prevenciĂłn, formaciĂłn e informaciĂłn a trabajadores y empresarios, consulta y participaciĂłn de los trabajadores en la PRL, vigilancia de su estado de salud mediante revisiones mĂŠdicas...etc.