Imputado el exalcalde de Castro Urdiales (Cantabria) por adjudicar 9,6 millones en contratos sin expediente

Ve indicios de prevaricación administrativa por "incumplimiento generalizado y flagrante de la legalidad en materia de contratación"


SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez Lázaro, ha dictado un auto en el que se da por concluida la instrucción contra el exalcalde Rufino Díaz Helguera, en cuya actuación ve "múltiples indicios" de un delito continuado de prevaricación administrativa, relativos a la adjudicación de 9,6 millones de euros en contratos sin expediente.

Según el auto de procedimiento abreviado del juez, que recoge Europa Press, se ve un "incumplimiento generalizado y flagrante de la legalidad en materia de contratación" desde 1998 hasta 2003, periodo en el que --dice-- llegó a adjudicar de forma "masiva" y "a dedo" 9,6 millones de euros en contratos directos o fraccionados y sin expediente de contratación, pesa a las "reiteradas" advertencias de legalidad, hasta 780.

Este procedimiento judicial se inició a raíz de una auditoria encargada por el Ayuntamiento de Castro Urdiales. Como consecuencia de la misma, se abrieron unas diligencias previas de las que se desgajaron dos piezas separadas, cuya instrucción ya ha finalizado y ahora, al cerrar la instrucción del asunto principal, los tres procedimientos se van a acumular.

CONTRATOS DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS, LIMPIEZA Y JARDINERÍA

La cuantía de 9,6 millones de euros mencionada corresponde a la suma de los tres asuntos (6,9 millones en el procedimiento ahora finalizado, que es el principal; 376.000 en una de las piezas separadas; y 2,2 millones en la otra).

Según se recuerda en el auto, la primera pieza separada está relacionada con la "indiciaria" contratación ilegal, fraudulenta y aparente de suministros eléctricos.

El pasado 23 de mayo de 2012, y dentro de esta pieza, se dictó auto en el que se consideraba "indiciariamente acreditado" que, entre noviembre de 1998 y marzo de 2002, Díaz Helguera (AxC), que era alcalde en esos momentos; junto con el entonces concejal de Obras, Pedro Olano (AxC), el jefe de electricistas del Ayuntamiento, Vicente Corta, y la mujer de este, "se conciertan para desviar" más de 376.000 euros de dinero público.

Y ello, mediante el "fraccionamiento continuado" de una contratación "simulada " de suministros eléctricos.

Por otra parte, la segunda y la tercera pieza --que se han acumulado en una única pieza-- hacen referencia a la "indiciaria contratación ilegal y fraccionada" de servicios de limpieza, complementarios y jardinería municipal.

Así, la beneficiaria de las adjudicaciones de la limpieza y complementarios era una mujer, sin empleados a su cargo, que emitió en un periodo de seis años (1997-2003) 1.631 facturas por las que cobró 1,4 millones de euros sin declarar a Hacienda más que una parte.

Por estos hechos vinculados al servicio de limpieza, el entonces interventor municipal, Fernando Urriticoechea, dictó más de 350 advertencias que inciden en la ilegalidad de la actuación.

Además, dentro de esta pieza, se considera acreditado que Díaz Helguera, desde principios de 1.998 hasta que acabó su mandato en 2003, decidió "con pleno conocimiento y voluntad" que las contrataciones del servicio de limpieza y jardinería municipal se realizasen también "al margen de la legalidad", eludiendo el procedimiento legal mediante el fraccionamiento artificioso del objeto del contrato.

En este caso, resultaron beneficiadas, entre otros, establecimientos varias empresas de jardinería y floristería, que emitieron facturas un total de 1.161 facturas por las que cobraron unos 387.000 euros. Por ello, también fue advertido por el interventor más de 360 veces.

En la causa principal se han investigado "el resto de contrataciones indiciariamente ilegales realizadas por el imputado" en este periodo, por un importe total mínimo de 6,9 millones de euros, también a pesar de reiteradas advertencias de ilegalidad.

Según se explica, en todo esto la forma de actuar era "la misma": se eludía el procedimiento legal preceptivo, bien mediante la adjudicación verbal directa o a través del fraccionamiento artificioso del objeto de los contratos y "siempre", según el auto, "buscando la apariencia de urgencia o de contratos menores", lo que está prohibido por la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Precisamente, el "fraccionamiento deliberado e injustificado de los contratos para disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad, concurrencia, procedimiento o forma de adjudicación" y la "ausencia casi absoluta de expedientes de contratación" son algunos de los indicios de delito que se encuentran en todo este asunto.

Se indica en el auto que "se trata de una actuación reiterada, prolongada en el tiempo, objetivamente ilegal y realizada con indiciario conocimiento expreso" por parte del entonces alcalde.

"RED CLIENTELAR"

En el auto, Sánchez Lázaro afirma que "comparte" la valoración realizada por el Ministerio Fiscal en su última memoria anual sobre las causas que se siguen en este juzgado relativas a la gestión del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Y en ello, recuerda lo comentado por la Fiscalía de que la Corporación municipal "contrataba sin expediente administrativo previo, sin control previo de la comisión informativa, sin declaración de necesidad o urgencia, sin justificar la adjudicación directa, vulnerando total y absolutamente las mismas que regulan el procedimiento de contratación" en un "estado delictual generalizado".

El juez señala que esta situación generó una "red clientelar" en torno al alcalde en la que se generaba "una situación de aceptación de las ilegalidades que se cometían en todos los ámbitos de la gestión municipal y, hasta cierto punto, un claro sentimiento de agradecimiento".

Finalizada la instrucción y dictado el auto de Procedimiento Abreviado, contra el que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días o recurso de apelación en el plazo de cinco días, se da traslado al Ministerio Fiscal para que, si lo estima oportuno, formalice su escrito de calificación.

De hacerlo, existiría una acusación y el juez dictaría un auto de juicio oral y daría traslado a la defensa para que, entonces, presente su escrito de defensa.