Iglesias y Mañueco se resisten a abrir 'su' contratación pública al mercado nacional

Fotos: F. Oliva

Ni Diputación ni Ayuntamiento cumplen con la obligación legal de publicar las licitaciones que lanzan en la plataforma estatal de Contratación del Sector Público, con lo que rompen la unidad de mercado y evitan la entrada de empresas 'de fuera' en sus contrataciones.

Evitar la llegada de empresas ajenas al reducido club de las que se reparten los contratos de Diputación y Ayuntamiento de Salamanca. Esta podría ser una de las razones por las que ambas instituciones están entre las que se niegan a publicar sus licitaciones en la plataforma pública que permite acceder a todas las que hacen las administraciones a lo ancho del país, y que permite a todas estar al tanto de lo que contratan las instituciones.

 

Así lo denuncia la organización Transparencia Internacional en su último informe en el que analiza el grado de cumplimiento de las instituciones en una materia concreta: la obligación legal (Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado) de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esta medida no es sólo una práctica que permite centralizar y facilitar la gestión a muchas empresas e instituciones, sino también una medida contra la corrupción para evitar las frecuentes relaciones de convivencia entre empresas y administración.

 

Según el informe, ni Diputación ni Ayuntamiento de Salamanca cumplen con el mandato de publicar sus licitaciones en esta plataforma común, una manera de 'proteger' su mercado de contratos. Y en ambos casos son instituciones que tienen empresas 'favoritas' o, directamente, problemas en los juzgados por haber favorecido a determinadas empresas, caso de la 'trama Diputación'. Y este suspenso se suma al que ya han cosechado Javier Iglesias y Alfonso Fernández Mañueco en la transparencia en las contrataciones de obras y servicios.

 

 

BAJO CUMPLIMIENTO

 

En el primer análisis, realizado en enero 2016, de los 110 grandes ayuntamientos españoles, las 17 Comunidades Autónomas y los 19 Parlamentos (Congreso, Senado y 17 Parlamentos autonómicos) tres de cada cuatro Ayuntamientos no cumplen con la obligación legal ; tampoco cumplen esta obligación tres de cada cuatro Parlamentos (26% de cumplimiento), siendo, por otra parte, sólo tres Comunidades Autónomas de las 17 totales (el 18%) las que cumplen con el mencionado mandato legal. Ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia están entre los incumplidores de esta normativa legal.

 

En el segundo análisis (realizado en febrero 2016) se ha analizado el nivel de cumplimiento legal de 45 Diputaciones Provinciales y de 51 Universidades públicas, y se pone de manifiesto que casi seis de cada diez Diputaciones no cumplen con la citada obligación legal de publicar sus licitaciones en la plataforma, siendo este nivel de cumplimiento mayor en el caso de las Universidades públicas, colectivo en el que el 59% de estas instituciones cumple la mencionada obligación legal.

 

Transparencia Internacional España insta a que todas las instituciones públicas cumplan en el menor breve plazo posible esta obligación legal, de cara a que la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo los miles de entidades públicas españolas se encuentre centralizada a nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de este país, de cara a un aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción, y posibilitándose además un mayor cumplimiento de las reglas de la competencia, y por tanto, de la eficiencia económica global.