Iglesias no renuncia a contratar por los procedimientos de los que ahora se sospecha

Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca.

El presidente de la Diputación de Salamanca, a la sazón también del PP charro, asegura que los procedimientos negociados sin publicidad y los contratos menores son legales, y confirma que los expedientes que se denuncian como irregulares están correctamente tramitados, las obras están hechas y los pagos fiscalizados.

La posibilidad de que cinco empresas se hayan beneficiado de 12 millones de euros en obras de la Diputación aprovechando contrataciones con bajo control no parece suficiente como para que la institución provincial renuncie a utilizarlos. Al menos, así se desprende de las afirmaciones realizadas este viernes por el presidente de la Diputación, que defendió los dos tipos de contratación ahora bajo sospecha como legales.

 

Los expedientes que la propia Diputación ha entregado a la fiscalía se refieren a un número importante de contratos adjudicados por tres métodos: contratos abiertos, negociados sin publicidad y contratos menores. Los primeros son los habituales en los que concurren varias empresas, pero el segundo y tercer tipo son más restringidos porque solo se pueden usar para cantidades limitadas. Sin embargo, es en este tipo de contrataciones donde los expertos ponen el foco de la corrupción de baja intensidad en las administraciones locales.

 

A pesar de ello, Javier Iglesias no parece dispuesto a renunciar a usar un tipo de procedimiento, el negociado sin publicidad. El presidente, a preguntas de los periodistas, ha defendido que se trata de fórmulas legales a pesar de que se puedan prestar a arreglos. Además, ha añadido que los expedientes que ahora se entregan a la Fiscalía se tramitaron de forma correcta y que los procedimientos administrativos aparejados se hicieron bien. Y ha añadido que todas las obras afectadas están ejecutadas y que los pagos efectuados por su ejecución han sido fiscalizados.

 

Al consultarle si no sería bueno renunciar a emplear los negociados sin publicidad como fórmula para adjudicar contratos de la Diputación, ha aludido al hecho de que están contemplados en la legislación de contratos de la administración y que la institución provincial no puede cambiar eso. Sin embargo, sí podría recurrir a los contratos abiertos de libre concurrencia, en los que se establece un pliego de condiciones y mayores controles en comisiones de área y a la hora de la adjudicación, sistema que se puede usar por encima de los 18.000 euros de los contratos menores.

 

Según la Diputación, las irregularidades se sospechan en una veintena de contratos negociados sin publicidad e "infinitos" contratos menores. Los primeros son procedimientos en los que se invita a tres empresas de confianza (que la institución considere que tienen capacidad para asumir la obra), se les pide una oferta y se adjudica a la económicamente mejor. El problema es que muchas veces las empresas renuncian a entregar una oferta o pactan entre ellas, y aunque se aparente un concurso, realmente el contrato es seguro para una de las concurrentes. Por este método se pueden dar contratos de hasta 200.000 euros. Y los segundos son los contratos menores, obras o servicios por menos de 18.000 euros que escapan a un control exhaustivo y que se adjudican de manera directa.

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