Iglesias cede y firma al fin el decreto para pagar los despidos de los trabajadores de IFESA

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias.

Ha tardado quince días desde que el pleno de la Diputación aprobó 300.000 euros para hacer frente a estas indemnizaciones por los despidos que provocó la decisión de acabar con IFESA.

El presidente de la Diputación de Salamanca ha asumido al fin que la institución provincial debe hacerse cargo de los despidos de los tres trabajadores de IFESA que, durante años, se ocuparon de la organización de la feria agropecuaria. Así se desprende del decreto de presidencia al que TRIBUNA ha tenido acceso y con el que Javier Iglesias aprueba la ejecución de la sentencia que obliga a la Diputación a asumir el coste de estos despidos, y que es el penúltimo paso para que los trabajadores reciban lo que fue suyo desde el principio.

 

El decreto de presidencia tiene fecha del 16 de septiembre y en su corto enunciado se reconoce la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que la sala decreta la improcedencia de los despidos de estos tres trabajadores, y responsabiliza a la Diputación del pago de las indemnizaciones. En total, suman unos 270.000 euros, a los que hay que sumar otros casi 30.000 euros de las cotizaciones a la Seguridad Social que también le correspone abonar al empleador.

 

Con las inmdenizaciones y las cotizaciones se agota la partida de 300.000 euros aprobada hace unos días en el pleno de la Diputación el día 31 de agosto. Iglesias ha tardado quince días en emitir el decreto para reconocer el pago, pero puede que la factura no termine ahí: habrá que ver el importe de las costas judiciales y otros conceptos relaccionados con el despido. La cantidad se tuvo que incluir con una modificación de crédito porque la Diputación no la contempló en sus presupuestos de este año a pesar de que había sentencia desde 2015, y que fue ratificada en enero de 2016, cuando todavía no había cuentas provinciales.

 

La Diputación de Salamanca ha acabado por reconocer lo que los juzgados ya le habían dicho: que era responsable de la disolución de IFESA y de lo que por ello pasó con sus trabajadores y que, por tanto, le correspondía hacerse cargo del coste de sus despidos. La decisión personal de Iglesias de acabar con la institución ferial dejó a esta sin su fuente de ingresos, ya que el presidente de la Diputación impuso que dejara de organizar la feria agropecuaria. Sin feria, no había ingresos, y la institución ferial dejó de poder pagar sueldos. Eso sí, la justicia ha acabado imponiendo a la Diputación la realidad: fue ella, que participaba de manera decisiva IFESA, quien decidió torpedearla y a ella ha correspondido la responsabilidad de los despidos.