Iglesias anticipa: ni votaciones en Navidad ni nuevas elecciones

Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca.

El presidente de la Diputación resta viabilidad a un bloqueo por ayuntamientos para evitar nombrar colegios electorales porque considera que no habrá terceras elecciones y que, en todo caso, nunca se llegaría a hacerlas el 25 de diciembre.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha anticipado una salida a la situación política española que, horas antes de que Rajoy se sometiera a la segunda intento para ser reelegido presidente, echa por tierra muchos de los fantasmas alimentados, entre otros, desde su partido. Empezando por su secretario regional, Alfonso Fernández Mañueco, que todavía esta semana habla del escenario de las terceras elecciones, consigna interna popular.

 

Por contra, Iglesias tenía clara en la presentación de Salamaq que no habrá terceras elecciones y que, de haberlas, no serían nunca el día 25 de diciembre. Iglesias, que considera que unos nuevos comicios serían "una vergüenza", ha dicho estar cansado de que "se primen los intereses particulares y partidistas por encima de los de España". Al preguntarle sobre la 'rebelión' de municipios que se negarían a convocar los colegios electorales, ha descartado esa opción y ha dicho: "Las elecciones no se van a repetir y si se repitieran serían antes del 25 de diciembre".

 

Iglesias se ha sumado rápido al último anuncio del PP, que tras amenazar con la fecha de Navidad para las terceras elecciones de este año, ahora dice que se hará lo necesario para que no fueran en esa fecha. Bastaría con no agotar el plazo de dos meses desde la primera investidura y disolver antes las cortes, probablemente, a partir de de las elecciones vascas y gallegas.

 

Este jueves, por contra, Fernández Mañueco ha dicho: "Si finalmente se organizan unos nuevos comicios generales, sería un error gravísimo". El alcalde de Salamanca tiró también de la táctica del miedo advirtiendo de que unas terceras elecciones conllevarían una prórroga de los actuales Presupuestos Generales del Estado, lo que repercutiría en las consignaciones económicas del resto de administraciones públicas. Asimismo, pensionistas y empleados públicos "verían congeladas" sus retribuciones.