Hacienda retendrá la financiación a las regiones que no cumplan durante más de 160 días el pago a proveedores

Las Comunidades acumulan retrasos de más de 180 días en los pagos.

El futuro anteproyecto de ley orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público establecerá un mecanismo según el cual el Ministerio de Hacienda retendrá a las Comunidades Autónomas de sus sistemas de financiación la cantidad correspondiente a la deuda que acumulen con sus proveedores, cuando éstas hayan incumplido durante más de cuatro meses consecutivos en más de 30 días el plazo máximo fijado para abonar sus facturas (un mes), informa Europa Press.

  

Así consta en el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), en el que se detalla el nuevo mecanismo de pago a proveedores que pretende aprobar el Gobierno para solventar los problemas de morosidad que afectan a las Administraciones Públicas (AA.PP.).

  

Para ello, se establece la necesidad de integrar el control de la deuda comercial en el principio de sostenibilidad financiera, y se obliga a las AA.PP. a publicar el periodo medio de pago a proveedores (PMP) para que cuando incumplan el periodo máximo de pago Hacienda pueda adoptar las medidas necesarias a través de un "sistema automático y progresivo de control".

  

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ya advirtió esta semana que el nuevo mecanismo para garantizar que las Administraciones Públicas paguen a sus proveedores en 30 días implicará "más condicionalidades". Por su parte, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, recalcó que el objetivo sería regular "con la misma sanción, la misma obligación y el mismo rigor el pago a tiempo a proveedores y el control de déficit".

  

Dicho "sistema automático y progresivo de control" consta, según detalla el informe, de varias etapas. En los primeros quince días del mes siguiente a la entrada en vigor de la ley, las AA.PP. deberán publicar su PMP y remitir el Plan de tesorería con las medidas necesarias para reducirlo.

  

Cuando durante dos meses consecutivos el periodo medio de pago supere en más de 30 días el plazo máximo que fija la normativa de morosidad, Hacienda comunicará a las Comunidades el importe que debe destinar al pago de proveedores y las medidas cuantificadas a adoptar para la reducción de dicho periodo medio.

 

En cuanto a las Entidades Locales, será el órgano interventor el encargado de realizar el seguimiento del periodo medio y de comunicarle al Ministerio los incumplimientos que detecte, lo que permitirá establecer medidas adicionales de control.

  

De persistir el incumplimiento otros dos meses, Hacienda retendrá los correspondientes recursos del sistema de financiación y pagará con ello directamente a los proveedores. Asimismo, todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo precisarán autorización del Estado y la Comunidad Autónoma deberá incluir nuevas medidas en su plan de tesorería que permitan cumplir con el PMP.

  

Si transcurriesen otros dos meses de incumplimiento, se permitirá la activación de las medidas coercitivas previstas en el artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la entrada automática de la Comunidad Autónoma en los mecanismos adicionales de financiación vigentes, en los casos que disponga el Ministerio.

 

RETRASOS DE MÁS DE 180 DÍAS EN LAS COMUNIDADES

  

Según el documento, aprobado por el Consejo de Ministros este viernes, el incremento en el período medio de pago a proveedores (PMP) que se está registrando debido al incumplimiento por parte de las Administraciones Públicas de abonar las facturas en un plazo máximo de 30 días, "pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las AA.PP.".

  

En concreto, el informe revela que a 31 de diciembre de 2012, el Estado había incumplido el período legal de pago en 736 operaciones, con un importe total de 53,2 millones de euros. En estas, el retraso medio era de 131 días. No obstante, 637 de las citadas operaciones se encuentran pagadas a 4 de marzo de 2013, quedando 99 pendientes por un importe de 1,9 millones.

  

En el caso de las Comunidades Autónomas, el plazo medio de pago oscila alrededor de 181,4 días y en las Entidades Locales, de 109 días según los datos recibidos de la ejecución de los planes de ajuste presentados por el 27 por ciento de las corporaciones locales.