García Sierra se enfrenta a las irregularidades en obras nacidas en Fomento bajo su mandato

García Sierra y su abogado, entrando esta mañana en el Juzgado.

El vicepresidente está declarando ya en los juzgados con la contradicción de haber destapado un caso que ahora la Diputación no quiere denunciar: es la única parte que no se ha personado. Tendrá que acalarar su responsabilidad política al aprobar las decisiones de Manuel Borrego, al que se ha señalado como responsable técnico.

Cuatro meses después de que saliera a la luz el caso de las presuntas irregularidades en contratos de obras de la Diputación, el vicepresidente Carlos García Sierra acude a declarar en una complicada situación porque tendrá que hacer frente a cuestiones contradictorias. La primera, la profundidad de las irregularidades que insiste en haber denunciado y que le afectan directamente como responsable que era del área de Fomento, en la que se centran las sospechas. Y la segunda, que pese al empeño puesto desde el primer día en declarar que fue de la propia Diputación de donde partió la denuncia, la institución provincial no se haya personado justo en el momento de investigar judicialmente los hechos.

 

García Sierra y su abogado, cruzando la calle para entrar en el Juzgado.

 

El vicepresidente ya está en estos momentos declarando en el Juzgado de Instrucción número uno de Salamanca, lugar al que ha llegado pasadas las nueve de la mañana acompañado de su abogado, José María Rozas, el mismo que está atendiendo al presidente de la Diputación en la querella por los despidos irregulares en IFESA. Después han llegado los letrados de las acusaciones, Cámara de Comercio, Confaes, PSOE e Izquierda Unida.

 

Según la versión que defiende el equipo de Gobierno de La Salina desde el día en que, en rueda de prensa, anunció el caso fue precisamente García Sierra, responsable de Fomento, quien se percató de las irregularidades y quien apartó a dos funcionarios como presuntos responsables. Una versión que contrasta con el hecho de que el presidente Javier Iglesias no salió a la palestra, en una rueda de prensa en viernes por la tarde, hasta que la denuncia del PSOE, que llevaba meses investigando el asunto, era algo cierto e inminente. Y también con la circunstancia de que los hechos denunciados se habían producido con García Sierra como diputado de Fomento, pese a lo cual el propio diputado no sospechó, según sus propias palabras, hasta hace un año.

 

Estas serán algunas de las cuestiones que, probablemente, tendrá que aclarar ante el titular del juzgado de instrucción número uno de Salamanca, que le citó para este viernes a las 9.30 horas. Allí estarán también los abogados de las partes que sí han denunciado ante la justicia los hechos y que han llevado el proceso hasta donde está. Confaes, Cámara, PSOE e IU están personados en la causa, aunque este miércoles no pudieron estrenarse al ejercitar el exdirector de Fomento, Manuel Borrego, el primero en pasar por los juzgados, su derecho a no responder a sus preguntas.

 

Precisamente el paso de Borrego por los juzgados abre otras incógnitas en torno a la declaración de García Sierra. El vicepresidente tendrá que posicionarse sobre su responsabilidad como superior político del exdirector de Fomento: como tal, todos los contratos de los que ahora duda pasaron durante casi ocho años por sus manos. Fue su firma la que los hizo efectivos, aunque la propuesta la elaborara el técnico. Así que tendrá que decidir si se siente responsable o si carga el 'muerto' a su subordinado. Y lo tendrá que hacer sorteando sus propias afirmaciones: el día que se destapó el caso aseguró que los contratos sospechosos eran impecables desde el punto de vista de la tramitación administrativa.

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