Gallardón pone a Javier Iglesias y el diputado Ortiz a un paso de no poder ir en las listas del PP

Iglesias y Ortiz, el día que acudieron al juzgado a declarar sobre una querella por presunta prevaricación.

El ministro se compromete a que la nueva ley de enjuiciamiento prohíba a los políticos con juicios orales abiertos por corrupción volver a formar parte de una lista electoral. El presidente de la Diputación y el diputado de ferias ya han declarado ante el juez por contrataciones en IFESA.

La última concesión del ministro de Justicia puede poner a muchos políticos en el trance de dar por finalizada su carrera política. Así ocurrirá cuando se apruebe la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en anteproyecto, y que por sorpresa va a incluir una medida que muchos sectores llevan tiempo pidiendo como parte de la regeneración del sistema político en España.

 

Se trata de la prohibición de ir en listas electorales a aquellos cargos a los que se haya abierto juicio oral por corrupción. Esta posibilidad se ha abierto este miércoles tras confirmar el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que la futura ley de enjuiciamiento prohibirá que aquellas personas a las que se les haya abierto juicio oral por delitos por corrupción puedan ser candidatos en una lista electoral. El ministro lo ha anunciado en el Congreso en respuesta a una interpelación de la portavoz parlamentaria de Unión, Progreso y Democracia, (UPyD), Rosa Díez.

 

Este compromiso por parte del ministro puede cambiar el panorama de muchos cargos políticos para los próximos procesos electorales ya que, aunque podría ser una de las novedades en el anteproyecto de Ley, podría llegar a aplicarse antes si hay compromiso entre los partidos para hacerlo voluntariamente y no por obligación legal. Y en el grupo de posibles afectados están tanto el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, como el diputado de Ferias y Mercados, Jesús María Ortiz.

 

El motivo es que ambos están a un paso de entrar en juicio oral. Al menos, esa es la situación en la que se encuentran desde que el día 30 de septiembre de 2013 el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Salamanca admitiera a trámite una querella presentada por el grupo socialista en la Diputación contra el presidente de la institución provincial y su diputado. El motivo, la contratación irregular de varios trabajadores para los trabajos previos de la Agromaq en los años 2011 y 2012; trabajadores que estarían vinculados al PP y para cuya contratación se habría despedido a otros. Y el resultado, el inicio de diligencias previas por encontrar indicios del delito de prevaricación, tráfico de influencias y malversación.

 

La decisión supuso el paso de Iglesias y Ortiz por los juzgados para declarar en referencia a esta imputación el día 16 de octubre. El presidente y su diputado llegaron a los juzgados juntos y permanecieron por un largo espacio de tiempo ante el juez; a la salida, que hicieron por separado, ambos rehusaron hacer comentarios a los medios de comunicación. El juez ha continuado después con sus diligencias y todavía no se ha pronunciado sobre si archivará la causa o no.

 

Este es el punto en el que Iglesias y Ortiz se juegan entrar o no dentro del límite que ahora quiere marcar Gallardón. Si el juez no archiva la causa, tendrá que proceder con la apertura del juicio oral, lo que dejaría a ambos dirigentes de la Diputación virtualmente fuera de las listas para la reelección en los cargos que les permiten estar en la institución provincial, alcaldes de Ciudad Rodrigo y Barruecopardo, respectivamente. Por supuesto, no serán los únicos, pero en Salamanca son dos de los pocos casos en los que un cargo político ha tenido que acudir a un juzgado para dar cuenta de una actuación.

 

El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal pasó por el Consejo de Ministros en julio de 2011 y actualmente está en trámite parlamentario para su aprobación por los grupos; el objetivo del Gobierno es conseguir un alto consenso al respecto. Sin embargo, el ministro ha abierto ya la puerta a que este límite se pueda aplicar sin necesidad de que se mandato legal. Gallardón ha prometido trasladar a la dirección del PP ese planteamiento del Gobierno con el fin de que en las subsiguientes citas con las urnas las listas electorales de su partido no incluyan a candidatos que tengan un juicio oral abierto. "Si ésa es la voluntad del Gobierno, el partido no irá en contra", ha asegurado.

 

Éste es el compromiso que Rosa Díez ha arrancado al ministro, a quien minutos antes había retado a no esperar a que la ley obligue para que los partidos políticos, como UPyD, se comprometan 'motu propio' a no llevar en sus listas personas con un juicio oral abierto. Esta posibilidad era una de las que barajaba el Gobierno desde que empezó a trabajar en la reforma de la ley de enjuiciamiento.

 

En sus primeros compases, Gallardón se debatía entre dejar fuera de listas al ser imputados o hacerlo con los que se encuentren en una fase anterior, la de juicio oral. El critero que ha mantenido el ministro es que sean apartados de funciones cuando un magistrado abra juicio oral contra ellos, ya que es un paso que requiere mayores  indicios racionales de criminalidad. El auto de apertura de juicio oral se produce cuando el juez, tras instruir el caso, entiende que existen indicios racionales de criminalidad.

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