Fijan para el viernes una reunión de los afectados por la estafa en Alba de Tormes

Goteo de casos. A medida que se va conociendo la noticia, cada día son más las víctimas que acuden al cuartel de la Guardia Civil para denunciar
E. G.

Han pasado cuatro días desde que este periódico diera a conocer la estafa cometida por un empresario de la localidad de Alba de Tormes con iniciales A. B. B. y el goteo de denuncias que se presentan en el cuartel de la Guardia Civil de dicho municipio aumenta. De modo que la cifra, aunque por el momento difícil de cuantificar, llega ya a las 200. Ante el aluvión de afectados, los vecinos del municipio han fijado en principio el próximo viernes por la tarde, en el Consistorio, para celebrar una reunión, para determinar la actuación que van a seguir por la vía legal.

El cuartel de la Guardia Civil de Alba de Tormes no cesa de recibir cada día decenas de denuncias. Incluso, ayer a las puertas de la Comandancia se concentraron más afectados que fueron a exponer su caso. Por el momento, algunas de las víctimas ya han contratado a un abogado para que defienda sus intereses, ya que la resolución de este litigio es compleja, más aún si el presunto estafador continúa en paradero desconocido.

El modus operandi de este presunto estafador casado, padre de dos menores y yerno de un conocido empresario albense consistía en vender automóviles al precio que estimaba oportuno y tras recibir el pago, en muchas de las ocasiones en metálico y al contado, se encargaba de pedir un préstamo a nombre del comprador. Una hipoteca que cobraba él, pero que a efectos legales y a largo plazo, debe ser abonado por el titular, es decir, el comprador del turismo, que desconocía tal situación.

La noticia comenzó a conocerse hace dos semanas, cuando la entidad financiera empezó a reclamar el dinero del préstamo a los afectados. Para ese momento, A. B. B., ya había huido. Entre los afectados, se encuentran víctimas de Béjar, Santa Marta de Tormes, Peñaranda, Guijuelo, Galinduste, Piedrahita, en Ávila e incluso de Madrid y de Valladolid. La comprobación de que las firmas de los contratos son falsas es una de las alternativas que les queda a los afectados para no hacer frente al crédito.