Elevan a 60 años la pena para los acusados en la operación de Alba

Conclusión. El fiscal justifica el aumento de la condena en que la cocaína incautada es una sustancia de notoria gravedad para la salud.
E. G.

El Ministerio Fiscal elevó de 45 a 60 años –de nueve a 12 años para cada uno– la pena de prisión para los cinco imputados por un alijo de cocaína incautada a comienzos de abril del pasado año en Alba de Tormes.

La modificación se debe a que incluye en la calificación el tipo agravado –que en la anterior calificación no contempló– al tratarse de una sustancia de notoria gravedad para la salud –cocaína–. Para este tipo de delitos con el tipo agravado, la pena máxima que se puede solicitar es de doce años.

En su relato de los hechos, el fiscal mantuvo que el acusado B. R. M. era el conductor del vehículo Citroën C-5, donde iba la sustancia intervenida. Además asegura que B. R. M. tenía conocimiento de que la cocaína se escondía en una mochila ya que señaló a los agentes: “Lo que buscáis está en la mochila”. En el viaje, según su versión, también intervinieron el sobrino del conductor, E. C. R. y S. F. V., que viajaron en un turismo Seat Altea. “El encuentro en la carretera de ambos vehículos no fue casual ya que hay conversaciones en las que se comunican entre ellos” con frases como “tú vas delante y yo detrás; avisa de que hay una patrulla de la Guardia Civil. También hablaron de otro control que les asustó y les obligó a cambiar el sentido”.

Consideró como acreditado que el viaje fue “concertado” y se hizo a iniciativa de M. R. G., que “llevaba la voz cantante” y que, según su versión, encargó una “droga buena” para “él y para su hermano”. Relató que “en dos ocasiones” los hermanos Ríos estaban presentes cuando E. C. R. y S. F. V. “les llevaron una muestra” de la sustancia.

El fiscal concluyó su intervención relatando que los acusados son autores (bien de manera directa o por colaboración necesaria) de un delito consumado de tráfico de drogas, incluidas dentro del tipo agravado.

Por su parte, el abogado defensor de los hermanos Ríos, M. R. G. y J. L. R. G., solicitó la libre absolución de sus clientes al asegurar que están “sentados en el banquillo sólo por unas cantidades económicas encontradas en el registro”, –216.000 euros– que además, puntualizó, la procedencia de dicho dinero (préstamos familiares) “ha quedado acreditado con documentación”.

Impugnó tanto la analítica de la droga incautada –justificando que no se ha podido validar el peso exacto de la droga– y las escuchas telefónicas, al asegurar que la transcripción de las escuchas no la puede hacer “cualquier funcionario” sino el que se determine judicialmente. A lo que añadió que “no se ha hecho ningún estudio comparativo de la voz”, ni presentaron las transcripciones a los acusados y no les preguntaron por ellas.

El abogado de B. R. M. y de E. C. R., Rafael Cobos, también impugnó las intervenciones telefónicas, al considerar que éstas se iniciaron con el único pretexto de que los acusados “tienen coches de alta gama, carecen de actividad y alternan en bares”. Puntualizó que “todas las pruebas obtenidas vulnerando algún derecho fundamental, como el secreto de las comunicaciones, no tendrán validez”. Impugnó también el análisis de la sustancia ya que la perito que testificó “no acreditó su credencial para identificarse”.

Respecto a B. R. M., conductor del vehículo que transportaba la sustancia, recordó que dos forenses aseguraron que es toxicómano y tiene alteradas las facultades mentales, por lo que su sitio no es un centro penitenciario”. Solicitó para él la eximente incompleta.

Para E. C. R. pidió la absolución ya que “no se le ha cogido ningún gramo de droga, ni utensilios. Su implicación está en base a conversaciones que han quedado impugnadas”. Por último, el abogado de S. F. V., solicitó la absolución para su defendido ya que “no ha quedado acreditada la comisión de los delitos que se le imputan”. Aseguró que su cliente iba a Zamora para comprar un perro, como se demuestra con “la jaula que llevaban en el maletero”. En caso de ser condenado solicita que se le condene por un delito de tráfico en grado de cómplice.