Elena Diego asegura ante el Supremo haber sido víctima de acoso por parte del interventor municipal para tener relaciones

Elena Diego

La exsenadora Elena Diego ha asegurado ante el Tribunal Supremo que el interventor municipal de Villamayor la acosó para que tuviera una relación sentimental con él y, al negarse, la amenazó con acabar con su carrera política.  

La exsenadora del PSOE Elena Diego ha negado responsabilidad alguna en las contrataciones irregulares de dos monitoras en 2008, cuando era alcaldesa de la localidad salmantina de Villamayor, y ha acusado al interventor municipal en esos momentos de acosarla para que tuviera con él una relación sentimental y, al negarse a ello, amenazarla con acabar con su carrera política, aunque nunca le denunció.

 

La Fiscalía pide para la exsenadora una pena de  inhabilitación de 8 años por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y de nombramiento para cargo público sin concurrir los requisitos legalmente establecidos para ello.

 

Las acusaciones particular y popular piden además responda con 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

 

Durante el juicio que comenzó este miércoles en el alto tribunal, al que ha correspondido la causa dada la condición de aforada de Diego cuando la causa se dirigió contra ella, la exsenadora ha insistido en que su participación en ambos procedimientos era el de dictar las resoluciones finales, y que no es su obligación comprobar que los contratos están bien hechos puesto que las resoluciones de contratación y los propios contratos son revisados previamente por los servicios técnicos municipales y la Intervención.

 

EN EL SUPREMO PESE A RENUNCIAR A SU ESCAÑO

 

Diego dimitió como senadora el pasado 24 de septiembre ero su renuncia al acta no impide que sea el TS el encargado de juzgarla, en aplicación del acuerdo del Pleno del alto tribunal que estableció que si la dimisión se produce después de que se abra juicio oral a un aforado, aunque éste renuncie a su cargo, el caso seguirá siendo competencia del tribunal que fuera competente antes de su dimisión.
 

El pasado mes de febrero, la senadora declaró voluntariamente ante el Supremo y negó haber participado en el proceso de selección. Según dijo, poco después de la contratación el interventor municipal le comunicó después que se había producido una irregularidad administrativa y entonces firmó el informe de reparación por el cual se modificó el contrato de una de las trabajadoras.
 

La segunda monitora, según su versión, obtuvo el empleo tras renunciar dos aspirantes al puesto. Diego aseguró además que ninguna de las dos monitoras tenía vínculo personal o político con el Ayuntamiento.

 

El asunto había sido elevado al Supremo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca, que encontró indicios de delito contra Diego y la edil en relación con la contratación de monitores culturales y deportivos realizada por el Ayuntamiento de Villamayor para el curso 2008-2009.

 

En la documentación obrante en el caso consta que tras la convocatoria de la oferta pública de empleo el tribunal calificador instó a contratar a nueve personas conforme a la baremación de sus méritos. Pese a ello, la concejal Cándida Egido elevó una propuesta que incluía a dos mujeres que no se encontraban en la lista, una de las cuales ni siquiera se había presentado al concurso.