El TSJCyL suprime el derecho de preferencia a la hora de conceder el transporte escolar en Salamanca

"El derecho de preferencia atenta a los principios de igualdad de trato y no discriminación de los licitadores, en cuanto excede a un mero criterio dirimente en caso de empate en la puntuación".

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado el derecho de preferencia al que se ajusta la concesión del transporte escolar en la provincia de Salamanca y, por lo tanto, insta a la Junta a hacer una nueva baremación de las ofertas antes de volver a conceder este servicio a las empresas que se presentaron al concurso y que se vieron afectadas por este punto en el pliego de condiciones.

  

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el derecho de preferencia "atenta a los principios de igualdad de trato y no discriminación de los licitadores, en cuanto excede a un mero criterio dirimente en caso de empate en la puntuación de cada una de las ofertas, al constituirse en el régimen configurado en el Decreto en un criterio de prioridad absoluta para el concesionario del servicio regular preexistente".

  

En este caso, la denuncia fue interpuesta por la Asociación de Empresas de Transporte Discrecional de Viajeros de Castilla y León (Asetradis), con la representación del letrado Ignacio Vegas, y es similar a las ya conocidas de León y Palencia, y ahora están pendientes las del resto de provincias de la Comunidad Autónoma.

  

Y ahora la Junta, así como las partes que se han visto afectadas por esta resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tiene la oportunidad de interponer un recurso ordinario de casación, que se puede presentar ante la Sala en un plazo de diez días.

  

En cuanto a la utilización por parte de la Junta del derecho de preferencia para la empresa concesionaria en el anterior periodo, el TSJCyL pone de relieve que su uso como un criterio de experiencia y como compensación por un posible déficit en la prestación de servicios para hacer viable la explotación preexistente, dadas las circunstancias rurales específicas de la Comunidad, con dispersión de población, este procedimiento "no puede hacerse a expensas de los demás partícipes en el procedimiento contractual".

  

En palabras del Tribunal, "supone otorgar una prioridad absoluta a quien ostenta dicho derecho, en contra de los demás partícipes en la licitación, por lo que aun cuando en teoría pudiera ser adecuado establecer una compensación por déficit en la explotación, lo cual es permitido en nuestro régimen de concesión de servicios, su establecimiento en un procedimiento contractual hace ilusorio el derecho de los demás licitadores, vulnerando el reiterado principio de igualdad de los mismos en dicho procedimiento".