El 'tapón' del Fogasa: 1.394 expedientes con retraso y 1.730 trabajadores esperando su indemnización

CCOO y UGT protestaron a las puertas del Fogasa en Salamanca (Foto: Chema Díez)

La provincia ha pasado de gestionar 35 casos al año en 2008 a rozar los 1.400 en 2013 y es una de las más afectadas por los retrasos. El año pasado el 'atasco' se multiplicó por dos por la reducción de 4 a 3 de los funcionarios que los tramitan.

El retraso del pago de las indemnizaciones del Fogasa está siendo objeto de polémica en las últimas semanas. El motivo es el enorme retraso en la tramitación que acumulan, que han llevado a casos en los que un trabajador afectado por un despido agota prestaciones de desempleo sin haber llegado a cobrar la indemnización de suelo y despido que le debía su empresa. Esta situación ha generado numerosas protestas en las últimas semanas, también en Salamanca, y ahora el Fondo de Garantía Salarial ha puesto sobre la mesa las cifras.

 

En una respuesta parlamentaria publicada en el boletín del Congreso, el Fogasa cifra en 1.394 los casos pendientes en Salamanca a 30 de septiembre de 2013, que afectan a 1.730 trabajadores. La cifra es de las más elevadas de todo el país, y eso que está a años luz de lo que era hace unos años. Baste decir que en 2008 se tramitaron solo 35 de estos expedientes, vinculados a situaciones en las que una empresa no puede abonar a un trabajador salarios atrasados o indemnización de despido. Así que su número se ha multiplicado por 40.

 

El problema no está, actualmente, en su cénit en la provincia, porque el 'tapón' de expedientes sin tramitar no había llegado nunca a este punto. Lejos de esos 35 casos de 2008, el trabajo empezó a crecer en 2011 con más de 200 casos pendientes al término de aquel año. Pero cuando ha dado el salto es el año pasado, cuando ha pasado de los 696 casos de 2012 a los casi 1.400 con los que, a 30 de septiembre de 2013, se peleaban los servicios del Ministerio de Empleo en la provincia. 

 

El problema es que, con el aumento de los despidos y de los casos de empresas que quiebran, se ha multiplicado el trabajo de gestión y las plantillas destinadas a este cometido. De hechó, según el Fogasa, en Salamanca son actualmente tres los trabajadores asignados a este servicio, que se reparten este trabajo que en 2008 hacían entre cuatro; y claro, hace cinco años llegaron solo 35 de estos expedientes y ahora son casi 1.400 en total.

 

Con todo, no es la cifra más exagerada del país, aunque para el volumen del mercado laboral de Salamanca son muchos los casos. Barcelona y Madrid superan los 30.000 expedientes pendientes y en Valencia hay otros 26.000 que, en muchos casos, esperan sus indemnizaciones desde 2012 e incluso antes. Y hay que recordar que, según los últimos datos, en todo el país hay 180.000 expedientes pendientes y que la plantilla total para tramitarlos es de 407 trabajadores: es decir, a más de 400 casos por funcionario y año.

 

REFUERZO DE PLANTILLA PARA RESOLVER EL ATASCO

Según la respuesta en sede parlamentaria, la antiguedad media de los expedientes es de 216 días, pero eso incluye los casos más extremos y los menos graves. Según los datos oficiales, la mayoría de los que se retrasan datan de 2012, aunque hay casos en que son anteriores según reconoce el Fogasa. Además, actualmente no se informa por escrito a los afectados del motivo del retraso de la gestión, pero sí se les informa verbalmente en el momento en que, de manera presencial, o a través de certificado electrónico, solicitan cualquier aclaración sobre este tema.

 

Ante la avalancha de quejas y de expedientes sin resolver, se ha procedido a reforzar el servicio en la medida de lo posible, pero sin aumentar apenas la plantilla. De hecho, si en 2008 eran 395 los funcionarios que, en todo el país, se ocupaban de esta gestión, ahora son 407, solo que los casos se han multiplicado por diez: de 10.072 a 181.579. Y la plantilla no está en su máximo, precisamente: en 2010 y 2011 hubo más personal asignado a esta tarea.

 

Para minimizar los retrasos, se ha puesto a funcionarios de provincias menos 'atascadas' a resolver casos de otras con más problemas; se ha hecho un plan para resolver expedientes fuera de horario y se ha intentado cubrir las vacantes, aunque por los datos de plantilla ofrecidos no se ha conseguido. Por ello, y ante el cariz de la situación, se encargó a una filial de la empresa pública TRAGSA que se pusiera a resolver expedientes para agilizar la tramitación; esta encomienda ha tenido un coste de 3,5 millones de euros.

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