El Supremo se muestra favorable al Consistorio por los vertidos de 2006

Medio Ambiente. El Ayuntamiento fue condenado a pagar más de 300.000 euros por el Consejo de Ministros, después de que la CHD le abriera un expediente sancionador por la supuesta irregularidad
E. BERMEJO
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia a favor del Ayuntamiento de Guijuelo, estimando el recurso contencioso-administrativo nº79/2009 contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2008, en el que se impuso al Consistorio guijuelense una sanción de multa de 300.506,06 euros, con la obligación de indemnizar por daños al dominio público hidráulico en la cantidad de 76.596,83 euros.

Cabe recordar que en octubre de 2006, la Confederación Hidrográfica del Duero abrió un expediente sancionador al Ayuntamiento, con motivo de un supuesto vertido realizado al pantano de Santa Teresa, al arroyo Fuentelinar y al río Alhándiga. Contra esta acusación, el Consitorio presentó sus correspondientes alegaciones, así como el recurso antes citado sobre el que, una vez finalizado el proceso, ha dictado sentencia favorable el Tribunal Supremo, declarando improcedentes tanto la sanción por el importe indicado como la indemnización por daños al dominio público hidráulico que acordó el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2008.

Además, el Gobierno también obligaba al Ayuntamiento a pagar una indemnización de 76.596 euros por los daños causados al Dominio Público Hidráulico, así como a que realizara, con carácter de urgencia, las actuaciones necesarias para el buen funcionamiento de la EDAR.

La polémica generada por los vertidos obligó al Ayuntamiento de Guijuelo a apartar a la empresa concesionaria, Aqualia, de la gestión y asumir el control de la depuradora de agua. “El Ayuntamiento asume el control y apartamos a Aqualia. Aunque todavía no se rescinde el contrato, ya se están iniciando los trámites”, dijo entonces el alcalde, Julián Ramos, que aseguró, asimismo, que la planta no estaba atascada por la llegada de un vertido incontrolado en los últimos días, “sino que se ha ido colapsando. La incompetencia y la incapacidad de Aqualia han sido las causantes de la caída de la depuradora”, acusó.

Por otro lado, el primer edil también señaló que “nos hemos encontrado con un pliego de condiciones, redactado por el anterior equipo de Gobierno socialista, que es de risa y con mucha letra pequeña, que es el motivo de que se esté tardando tanto en solventar el problema con Aqualia”.

La empresa Aqualia, responsable de la gestión de la estación depuradora de aguas residuales, culpó en su día a la industria local de la situación y aseguró que “las grasas vertidas de origen industrial sobrepasan ampliamente los límites previstos por la ordenanza”, además de achacar los problemas de la planta a las industrias de la villa, sin que especificara en ningún momento a qué normativa se refería.

Hoy, varios años después de aquella polémica, el Tribunal Supremo exculpa al Ayuntamiento.