El responsable del derribo niega que se encargara de la seguridad

Testimonio. El Ministerio Público mantiene las penas de dos años de prisión para cada uno de los imputados. Acusación. Solicitan 700.000 euros de indemnización para la familia de la víctima
e. g.

El responsable de la demolición que se ejecutó en una obra de la calle Sol, en Béjar, en la que falleció una menor de cinco años al caerle una cornisa encima, aseguró que desconocía que fuera el responsable de mantener la seguridad en la obra. “Los temas de seguridad siempre los he dejado en manos del promotor”.

El imputado, D. G. G. reiteró que el viernes, día 14 de diciembre de 2007 – día que comenzaron las labores– acudió a la obra para llevar la máquina con la que se realizaría la demolición. En el lugar, argumentó que el contratista y promotor le dijo que “no me preocupara, que él se encargaba de cortar la calle y lo que fuera necesario pues para ello tenía personal”. Respecto a las medidas de seguridad adoptadas, reiteró que en varias ocasiones advirtió a los obreros de que cuando los niños fueran al colegio, “pararan la obra. Se lo dije a todo el mundo”.

Uno de los abogados de la acusación le informó de que en el anexo del contrato que acordó con el promotor figuraba que tenía que encargarse de las medidas de seguridad, a lo que contestó, “firme el contrato sin mirarlo”.

D. G. G. se encargó de aportar la maquinaria necesaria para el derribo y de llevar al maquinista y a un obrero –el otro acusado– para que “tuviera cuidado de que no se acercara nadie a la obra”, señaló. Respecto a la formación de L. G. G. para encargarse de adoptar las medidas de seguridad, indicó que había recibido “un par de cursos” en dicha materia. Por último reconoció que el contratista se ahorró unos mil euros al no instalar una valla en la vía, y evitar así pagar una tasa municipal”, lamentó.

El otro de los imputados, L. G. G., declaró que trabajó en la obra en calidad de “peón”. Reconoció que no le habían dado ningún curso en materia de seguridad y que “era la primera vez que desempeñaba labores de seguridad en una obra”, una función que desarrolló porque “era un obrero que tenía que hacer lo que me mandaran”. Corroboró también que “no había vallas, ni redes” que delimitaran la obra. En el momento en que ocurrieron los hechos, en torno a las 9.20 horas del 17 de diciembre, confesó que se sintió desbordado “no podía vigilar a tanta gente, había cerca de 50 personas”. También declaró que advirtió “en dos ocasiones” a la madre de la fallecida, que llevaba a la menor y a su hermano al colegio, “que se salieran del perímetro de la obra”.

La Fiscalía mantuvo las peticiones de dos años de cárcel para cada uno de los acusados, cuatro años de inhabilitación y el pago solidario, junto con la compañía de seguros de 80.000 euros –45.550 euros para la madre y 34.945 para el padre–. Mientras, los dos abogados que ejercían de acusación rebajaron la pena de tres a dos años de cárcel para L. G. G. y mantuvieron los tres años para D. G. G. Además, solicitaron una indemnización para la familia de la niña que asciende a los 700.000 euros (300.000 euros para la madre, otros tantos para el padre y 100.000 para el hermano).