El respeto a los tribunales, sobre todo al Constitucional

 
Resulta curioso, por no emplear un calificativo malsonante, que los políticos utilicen y valoren a su antojo las sentencias de los tribunales democráticos de este país según los intereses propios y nunca con el respeto que piden a bombo y platillo cuando las decisiones les son favorables. Ahora es la polémica ley del aborto la que está en boca de todos, y el Gobierno es el primero que apela a las leyes aprobadas en el Parlamento para pedir su cumplimiento, pero se olvida de que existe un recurso de amparo en el Constitucional contra la aplicación de esta norma. Si hablamos del Estatut, las declaraciones de los miembros del Ejecutivo ya caminan en otra dirección y hasta el propio Zapatero promete impulsar por decreto aquellos artículos declarados inconstitucionales en la reciente sentencia sobre el ansiado auto gobierno de los catalanes. Ayer mismo, el Alto Tribunal admitía a trámite el recurso de Castilla y León contra el blindaje de las normas forales vascas, que supone una seria desventaja para los territorios limítrofes en materia fiscal. En este asunto también habrá opiniones para todos los gustos, pero lo que parece claro es que debe abrirse un serio debate sobre la legitimidad del Tribunal Constitucional, principal garante de nuestra norma por excelencia. Si hay que forzar su renovación e incluso la reforma de la propia Carta Magna, habrá que apelar a la valentía de la clase política para asumir una asignatura pendiente que siembra ya demasiadas dudas.