El REGTSA de Salamanca mantiene un contrato con una de las empresas de la 'operación Termyca'

Contrato de Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A. con REGTSA

Según ha podido confirmar TRIBUNA la empresa investigada Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A. fue contratada en julio de 2014 por decreto de la vicepresidenta de la Diputación, Chabela de la Torre.

Coordinadora de Gestión de Ingresos, S.A., la empresa catalana investigada hoy en una operación a gran escala en toda España junto con Eifal S.L., mantiene en la actualidad un contrato de servicios con el REGTSA de la Diputación de Salamanca. El contrato fue adjudicado por decreto de la vicepresidenta, Chabela de la Torre, y suscrito por el también vicepresidente, Carlos García Sierra, el 2 de julio de 2014 para la prestación del servicio de gestión de llamadas del organismo autónomo de recaudación provincial. El contrato tiene 4 años de vigencia y supera los 730.000 euros.

 

Según reza el literal del contrato, que puede verse en este artículo, la relación entre la empresa investigada cuyas sedes están siendo registradas hoy en diferentes puntos de España, se mantiene en la actualidad pues tiene una vigencia de 4 años.

 

El montante total de la operación supone una cantidad cercana a los 730.000 euros y su ejecución se viene realizando desde la fecha de firma del contrato contra la partida 9320.2270600 "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS" del Presupuesto de Gastos de REGTSA de los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018. Al contrato se puede acceder directamente desde la web corporativa del Regtsa.

 

 

La empresa cuenta al parecer con un domicilio fiscal en Salamanca, concretamente en la Plaza de Barcelona 1, de la localidad de Santa Marta de Tormes.

 

 

Hasta el momento, en la operación se han producido 11 detenciones, y están previstos 48 registros simultáneos y 15 requerimientos que afectan a 23 ayuntamientos de diversos puntos de España -y gobernados por distintas siglas-, principalmente de Cataluña, Madrid y Baleares, aunque también alcanza a consistorios de Castellón, Huelva, Guadalajara y Granada. La Diputación de Salamanca no figura aún en la lista de estos municipios aunque no es desdeñable que se le solicite información sobre el contrato suscrito con Coordinadora de Gestión de Ingresos (CIG), en próximas fechas.

 

Según desvelan hoy los principales diarios de tirada nacional españoles,la operación está siendo coordinada por la Fiscalía Anticorrupción -en Madrid y Cataluña-, que ha solicitado al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) que se practiquen múltiples diligencias. La extensión del fraude, según fuentes oficiales, ha necesitado de un operativo de unas 400 personas para investigar y realizar la intervención ejecutada desde primeras horas de esta mañana.

 

Al parecer la investigación se inició a raíz de una denuncia efectuada en 2014 tras detectarse que en muchos de los los ayuntamientos afectados se estaba realizando un mal uso de las Entidades Públicas Empresariales Locales (EPEL), unos instrumentos perfectamente legales cuyo objetivo es optimizar la gestión de los fondos públicos. El REGTSA de la Diputación de Salamanca responde a esta tipología de sociedad instrumental pública y su función principal es la gestión de tributos en el ámbito de la provincia salmantina. En este caso, según la investigación, las EPEL acabaron configurando un "entramado fraudulento" gracias a la asesoría de dos empresas muy concretas, EFIAL CGI.

 

En el informe que sirve de base a la denuncia constan, entre otras prácticas, la supuesta elaboración de informes inexistentes, o la asignación y contratación de servicios irreales que garantizaban que el dinero de los contribuyentes acabara "desviado" para conveniencia, al menos, de los responsables de las dos empresas citadas. Uno de ellos sería Blas Acosta Madueño, quien ilustra con su firma junto a la de Carlos García Sierra el contrato con el REGTSA salmantino. Gran parte de los fondos que supuestamente habían sido ilícitamente obtenidos eran enviados a Andorra a través de complejas operaciones mercantiles.

 

 

Tras una operación de ingeniería financiera, EFIAL fue absorbida por CGI y lo que empezó en Cataluña se extendió a otras comunidades, como Madrid, Castilla La Mancha y, al parecer también Castilla y León. La vocación de fraude era tan indisimulada en algunos casos que en el cuadro directivo de algunas de las Entidades Públicas Empresariales, constaban dirigentes de EFiAL CONSULTORÍA SL. En la operación desatada hoy y ejecutada por la Guardia Civil, todavía abierta, se investigan delitos de blanqueo de capitales, Malversación de fondos, Prevaricación , cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude e infidelidad en la custodia de documentos.