El PSOE vuelve a preguntar a la Junta por "la situación irregular" de la Directora Provincial de Educación en Salamanca

A juicio de los socialistas, Manuela Rosellón no cumple con el nivel de funcionario exigido para ocupar dicho cargo y consideran que su situación (tras ser nombrada por “suplencia” hace ya dos años) es insostenible. 

El Procurador del PSOE por Salamanca, Fernando Pablos, ha registrado una nueva pregunta en las Cortes de Castilla y León dirigida al Consejero de Educación, Juan José Mateos, en la que se reitera la petición de información y explicaciones sobre el tiempo que va a mantener nombrada “por suplencia” a la Directora Provincial de Educación, Manuela Rosellón. 

 

Hace ya dos años que Manuela Rosellón fue nombrada Directora Provincial de Educación en Salamanca, el mismo tiempo que este nombramiento lleva puesto en entredicho por el procurador socialista, que asegura que ya demostró en su día la irregularidad que existía en esta decisión. 

 

Manuela Rosellón fue nombrada Directora Provincial “por suplencia” el mismo día que llegó a dicha Dirección en Comisión de Servicios, un cargo que ocupó y sigue ocupando a pesar, critican los socialistas, de no cumplir los requisitos legalmente establecidos, como es tener el nivel funcionarial A1, y que son necesarios e imprescindibles para dicho puesto. 

 

La propia Consejera de Hacienda del Gobierno autonómico, Pilar del Olmo, ya informó y confirmó en su día de forma oficial y a preguntas también del procurador por la provincia de Salamanca, que la plaza de la Dirección Provincial de Educación en Salamanca se encontraba vacante en su titularidad. Para el PSOE, esto supone el reconociendo de esta forma de que el nombramiento de Manuela Rosellón, ex alto cargo de la Junta, se hizo, y por tanto a día de hoy también permanece, de forma irregular. 

 

A juicio de los socialistas, mantener en el cargo a una persona que no cumple los requisitos legales e imprescindibles, "es una situación a todas luces insostenible", indican en un comunicado de prensa. En primer lugar porque genera muchas dificultades en la organización y en el funcionamiento de la Dirección Provincial de Educación de Salamanca, algo que va en detrimento del ejercicio de una gestión eficaz. Y en segundo lugar porque representa un claro e injusto agravio para el resto de empleados públicos o funcionarios que sí cumplen los requisitos necesarios para ocupar ese puesto y ejercer, con todas las garantías, el cargo.