El PSOE sitúa en el eje de la trama de la Diputación a un funcionario "del núcleo de confianza" de Fernández Mañueco

Fernando Pablos mantiene que la actuación ante la Fiscalía de Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, "es un paripé", y coloca al director del Área de Fomento apartado ayer en el círculo de confianza más estrecho "desde hace décadas del secretario regional del PP y alcalde de Salamanca", Alfonso Fernández Mañueco. Los socialistas solicitarán el lunes una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades, cometidas desde 2007, y anuncian que también irá a los tribunales.

El líder de los socialistas salmantinos, Fernando Pablos, tiene claros varios extremos de lo que parece dibujarse ya como una trama de concesiones irregulares de contratos en el área de Fomento de la Diputación de Salamanca, y quién pivota en el centro de este asunto. Y así lo repitió esta mañana, en rueda de prensa, en varias ocasiones.

 

Entre los dos funcionarios de Fomento apartados de sus funciones por La Salina ayer, uno de ellos, el responsable de maquinaria "seguramente no sabe ni porqué lo han apartado". Respecto al segundo, el director del área, Manuel Borrego, no hay duda: "No es alguien que haya trabajado en la Diputación muchísimos años y que haya ascendido por sus méritos a un puesto de tanta responsabilidad. El suyo es un puesto de libre designación, y está ahí porque esta persona, que es bien conocida en Salamanca, es de absoluta confianza del núcleo duro del Partido Popular en Salamanca y en Castilla y León. El PP no es ajeno a nada que haya pasado en esa área, donde se han ‘cocinado’ los pliegos que han tenido las consecuencias que conocemos". En una segunda declaración, Pablos era aún más explícito y apuntaba directamente a la relación del funcionario con Alfonso Fernández Mañueco: "Es una de las personas del núcleo de confianza del secretario general del PP de Castilla y León y alcalde de Salamanca, desde hace décadas. Y está en ese puesto por esa cercanía".

 

Para el PSOE salmantino el anuncio del presidente de la Diputación de la puesta en conocimiento de posibles irregularidades en el área de Fomento ante la Fiscalía, "es sólo un intento por tapar sus verguenzas". La rueda de prensa encabezada por el presidente de la institución, Javier Iglesias, y el diputado de Fomento, Carlos García Sierra, para anunciar que se han puesto en manos de la Fiscalía posibles irregularidades en contrataciones de servicios y obras, por una cantidad cercana a los 12 millones de euros, era previsible para Fernando Pablos y sus compañeros socialistas en La Salina: "Sabían que llevábamos detrás de esto más de año y medio, solicitando mucha información. Y ahora han corrido porque tenían constancia de que habíamos completado nuestra investigación", asegura Manuel Ambrosio Sánchez, diputado socialista que ha encabezado esta labor.

 

Sánchez advirtió, además, que entre las sospechas que han motivado la investigación, una de las que más fuerza cobra y ha determinado una de sus líneas de trabajo "es, sin ninguna duda, la del enriquecimiento ilícito" de algunas de las personas involucradas. Sin embargo, tanto el diputado socialista como su jefe de filas, Fernando Pablos, insistieron en no dar mayores detalles ni facilitad información exhaustiva ante la certeza de que "lo correcto es ponerlo en manos de los tribunales y que sea la Justicia la que dictamine". A renglón seguido admitieron que están tras la pista de las evoluciones patrimoniales de los últimos años de varios de los sospechosos.

 

Para poner "luz y taquígrafos" en este asunto, los socialistas pedirán este mismo lunes un pleno extraordinario "sin remuneración', en el que solicitarán la creación de una Comisión de Investigación en la que se aclaren todas las responsabilidades políticas del caso. En otra línea de actuación, las actuaciones judiciales seguirán su propio curso: "Está en manos de los abogados del partido y puedo asegurar que iremos a los tribunales", sentenció Pablos.

 

Respecto a si la condición del diputado responsable del área de Fomento, Carlos García Sierra, de tesorero del Partido Popular salmantino, les hace colegir que el objetivo de la trama sea una posible financiación irregular del partido que preside Javier Iglesias, los responsables del PSOE se mostraron igualmente cautos y pidieron que sean los tribunales los que lo esclarezcan.

 

CINCO EMPRESAS EN LA TRAMA, TODAS SALMANTINAS

 

En cuanto a las empresas implicadas en este escándalo, los socialistas corroboraron que las sospechas se centran únicamente en 5 sociedades, pero corrigen las afirmaciones del PP en La Salina advirtiendo de que las cantidades ingresadas por estas desde 2007 son mucho mayores a las anunciadas (12 millones de euros distribuidos entre contratos menores, 2mill€; negociados sin publicidad, 1,2mill€, y concursos abiertos, 8mill€.). De hecho Pablos advirtió que una sola de esas empresas habría facturado "por sí misma cinco veces más que esos 1,2 millones de euros de los que se habla".

 

De hecho, ante la pregunta de uno de los periodistas presentes sobre las similitudes con la parte de la Operación Púnica que afectó hace algunas semanas a la Diputación de León, Fernando Pablos afirmó que las cifras manejadas allí "se quedan pequeñas comparadas con lo que estamos hablando en Salamanca".

 

PLIEGOS A MEDIDA PARA ADJUDICAR A DEDO

 

La técnica empleada, al parecer, para favorecer a las cinco empresas involucradas en esta denuncia, todas ellas salmantinas, era relativamente sencilla: los pliegos de condiciones técnicas se confeccionaban a medida por los técnicos del área, de manera que favorecieran a aquella empresa a la que se quería adjudicar el contrato.

 

De tal manera que incluso, en contrataciones de tipo anual o en aquellas idénticas a alguna anterior, los pliegos se modificaban incluyendo entre las prescripciones técnicas magnitudes o mejoras adquiridas por las propias empresas en contratos anteriores, de tal manera que se eliminaba la competencia. Por ejemplo, si la adjudicataria en 2007 de asfaltos y mezclas bituminosas para la Diputación había suministrado 2.000 toneladas de estos productos durante ese año, en el concurso siguiente, el de 2008, se incluía que las concursantes debían haber realizado suministros iguales o superiores a esa cantidad en años anteriores.

 

TODO PASABA AL FINAL POR LA FIRMA DEL RESPONSABLE POLITICO

 

Todas estas contrataciones de suministros, labores de mantenimiento, servicios y obras, eran informadas por los técnicos, y aprobadas posterioremente en la correspondiente comisión una vez informadas favorablemente en las distintas mesas de contratación. El paso ulterior o defnitivo era la firma del responsable del área, en este caso Carlos García Sierra, diputado de Fomento y presidente de esas mesas de contratación. Después de 8 años en esas funciones, García Sierra declaraba ayer que a principios de 2012 empezó a sospechar de algunas cuestiones relativas a los contratos, y hasta ayer, 21 de noviembre de 2014, no se llevó el asunto ante la Fiscalía.

 

A este respecto, el socialista Fernando Pablos y su compañero de filas Manuel Ambrosio Sánchez, apuntan alto y claro que la responsabilidad en este caso es del equipo de Gobierno del PP en la Diputación, puesto que "por encima de los técnicos, están los políticos".

 

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