El PSOE plantea que los alcaldes puedan cobrar mĂĄs de lo que sugiere el Gobierno en su reforma de la administraciĂłn

Propone que las comunidades elaboren informes con las "fĂłrmulas idĂłneas" para prestar los servicios pĂşblicos en los municipios pequeĂąos

El PSOE plantea en su propuesta de reforma de la Ley de Bases de RĂŠgimen Local que la retribuciĂłn mĂĄxima de alcaldes y concejales no supere la establecida para los secretarios de Estado, unos 70.000 euros al aĂąo, a diferencia de la sugerencia que ha hecho el Gobierno, que fija el sueldo mĂĄximo de los representantes locales en el de los ministros, 68.981 euros anuales.

AsĂ­ figura en la propuesta alternativa al anteproyecto de ley del Ejecutivo que ha elaborado el PSOE de cara a la negociaciĂłn que se desarrollarĂĄ este mes de agosto entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones PĂşblicas y los ayuntamientos con el objetivo de buscar el mĂĄximo consenso polĂ­tico para cambiar la norma.

Mientras que el Gobierno plantea que sean los Presupuestos Generales del Estado de cada aĂąo los que fijen las retribuciones de alcaldes y concejales y que ese tope salarial se sitĂşe en el salario que percibe un ministro, los socialistas sugieren que, "en defecto de regulaciĂłn autonĂłmica" al respecto, estas retribuciones no podrĂĄn ser superiores a las fijadas en los Presupuestos para los secretarios de Estado.

SegĂşn las cuentas pĂşblicas aprobadas para este aĂąo, el sueldo de un ministro es de 68.981 euros al aĂąo, mientras que un secretario de Estado cobra un salario de 12.990 euros anuales a los que hay que aĂąadir complementos que superan los 54.000 euros asĂ­ como dos pagas extraordinarias en junio y diciembre. Aunque los secretarios de Estado han perdido esta Ăşltima paga como consecuencia de las Ăşltimas medidas adoptadas por el Ejecutivo, los ministros, que no tienen pagas extras, se han reducido el sueldo un 7 por ciento para equipararse a la bajada de sueldo de los empleados pĂşblicos.

RECORTE PARA MADRID, BARCELONA O ZARAGOZA
En cualquier caso, las propuestas de Gobierno y PSOE suponen un fuerte recorte para las alcaldías de ciudades como Madrid o Barcelona, e incluso de otras de tamaùo medio. En concreto, el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, es el mejor pagado de Espaùa, con un salario anual de 109.939 euros, a lo que habría que sumar las dietas que percibe del organismo Área Metropolitana de Barcelona que coordina las políticas de transportes, residuos y aguas. TambiÊn supera los 100.000 euros la nómina que el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, percibe del Consistorio, o la de la regidora de Madrid, Ana Botella.

La propuesta de reforma del PSOE, que ha sido presentada este jueves en rueda de prensa por la portavoz socialista en el Congreso, Soraya RodrĂ­guez, y el secretario de PolĂ­tica Municipal del partido, Gaspar ZarrĂ­as, establece que "por ley de cada comunidad autĂłnoma, oĂ­das las asociaciones de entidades locales mĂĄs representativas, podrĂĄn fijarse retribuciones mĂĄximas para los representantes locales, atendiendo a la poblaciĂłn y recursos econĂłmicos de las distintas entidades".

"En defecto de regulaciĂłn autonĂłmica, las retribuciones por dedicaciĂłn exclusiva en ningĂşn caso podrĂĄn superar las fijadas en la ley anual de Presupuestos para los secretarios de Estado", explica el artĂ­culo 69 de este borrador, que regula los derechos econĂłmicos de los representantes locales.

El PSOE tambiĂŠn sugiere que las entidades locales consignen en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias de los representantes, que "deberĂĄn publicarse Ă­ntegramente en el Diario Oficial y en la sede electrĂłnica de cada entidad o, en su defecto, en el BoletĂ­n Oficial de la provincia o comunidad autĂłnoma uniprovincial y en sus correspondientes sedes electrĂłnicas".

FÓRMULAS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Otra diferencia significativa entre las propuestas de Gobierno y PSOE es la que hace referencia a la prestaciĂłn de los servicios pĂşblicos por parte de las administraciones locales. A juicio de los dirigentes socialistas, el borrador del Ejecutivo "busca una clara privatizaciĂłn de los servicios prestados por ayuntamientos y mancomunidades para que los presten empresas en forma de negocio privado desde el desconocimiento de los derechos de los ciudadanos".

En concreto, el Gobierno propuso en su momento incluir dos nuevas disposiciones transitorias en la Ley de Bases de RĂŠgimen Local en las que se establece que los ayuntamientos tendrĂĄn un aĂąo a contar desde la entrada en vigor de la nueva norma para hacer una evaluaciĂłn de sus servicios y ajustarlos a los principios de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades.

Si comprueban que no pueden asumir ciertos servicios, los ayuntamientos los podrĂĄn suprimir si ĂŠstos son facultativos y en caso de los obligatorios la corporaciĂłn local podrĂĄ privatizarlos, siempre que no realice funciones pĂşblicas. Si la evaluaciĂłn negativa afecta a servicios mĂ­nimos en municipios de menos de 20.000 habitantes, su prestaciĂłn se encomendarĂĄ a las diputaciones.

En cambio, los socialistas proponen que las comunidades autĂłnomas, en colaboraciĂłn con las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, "oĂ­dos los ayuntamientos", elaboren un estudio sobre las "fĂłrmulas mĂĄs idĂłneas de prestaciĂłn de servicios pĂşblicos, especialmente referido a los municipios de menor poblaciĂłn --aunque sin fijar un lĂ­mite--, proponiendo a su conclusiĂłn las formas Ăłptimas para la mejorar calidad de los servicios prestados asĂ­ como su mayor eficacia y eficiencia".

BASE DE DATOS DE TRÁNSFUGAS
El documento del PSOE tambiĂŠn hace una propuesta contra el fenĂłmeno del transfuguismo: "A efectos de una mayor transparencia y de fomentar un mayor respeto a la voluntad de los ciudadanos de las entidades locales, en el ministerio competente se formarĂĄ una base de datos que comprenderĂĄ una relaciĂłn de los representantes locales que hayan incurrido en transfuguismo, asĂ­ como de los que se beneficien de su conducta".

"Dichos supuestos serĂĄn calificados por la ComisiĂłn de Seguimiento del Acuerdo sobre el CĂłdigo de Conducta polĂ­tica en relaciĂłn con el transfuguismo en las corporaciones locales", explica la propuesta, que hace una definiciĂłn de los trĂĄnsfugas y establece que los partidos polĂ­ticos con representaciĂłn local podrĂĄn tener acceso a dicha base de datos.