El PSC se suma a la estrategia del PSOE para frenar desahucios y también retirará cuentas de bancos que desahucien

PSOE moviliza a sus alcaldes para frenar desahucios
Los socialistas apuestan por servicios de mediación y presión a los bancos
Los socialistas apuestan por servicios de mediación y presión a los bancos

MADRID/BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes socialistas se implicarán en la batalla contra los desahucios con una batería de medidas que incluirá asesoramiento legal a los afectados, programas de mediación con los bancos para renegociar hipotecas o alquileres sociales, además de que sus ayuntamientos retiren los depósitos y créditos de bancos que desahucien a personas con insolvencia sobrevenida, una estrategia a la que se ha adherido el PSC.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano; el alcalde de Vigo y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, y el concejal de Toledo, Emiliano García-Page, que han explicado algunas de estas medidas que ya se están poniendo en marcha, como el negarse a que la Policía Local colabore para ejecutar un desahucio salvo en caso de requerimiento judicial.

Los alcaldes han aprobado una declaración en la que rechazan el Real Decreto aprobado el jueves por el Gobierno porque creen que "no soluciona el problema en su dimensión real", al dejar excluidas a miles de familias, y consideran que el Ejecutivo no tiene un compromiso firme de reformar la legislación para acabar con los abusos de los bancos.

La declaración se ha firmado en una reunión en la sede del PSOE en Madrid, a la que ha acudido una delegación del PSC formada por el alcalde de Sabadell y secretario de Política Municipal del PSC, Manel Bustos; y la alcaldesa de Rubí, Carme Garcia; el de Sant Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco; la de Barberà del Vallès, Anna del Frago, la de Cerdanyola, Carme Carmona, y la de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez.

NO ES CARIDAD, SON DERECHOS

Para Valenciano, la moratoria aprobada es menos que un parche porque, según ella, para acogerse a él hay que sufrir muchas desgracias: "En absoluto estamos pidiendo al Gobierno actos caritativos, dirigidos a colectivos claramente excluidos, sino de un problema que se ha generalizado a la clase media. Estamos hablando de derechos y no de caridad y esto es lo que la derecha, de momento, parece no entender".

La 'número dos' de los socialistas ha dejado claro que la moratoria es mucho menos ambiciosa de lo que Gobierno y PSOE habían tratado en sus conversaciones, ante lo que ha asegurado que el PSOE seguirá trabajando porque cree que "una sociedad decente no puede dejar tirado a nadie".

Esa "agenda" socialista ha comenzado este lunes con un encuentro con alcaldes socialistas, en el que han aprovechado para pedir a las comunidades autónomas, como responsables de la política de vivienda, que se impliquen en buscar una solución a este problema, por ejemplo promoviendo parques públicos de vivienda en alquiler social.

BATERÍA DE MEDIDAS

Exigirán a los bancos que paralicen los desahucios de vivienda habitual por insolvencia sobrevenida hasta que entre en vigor una nueva ley y retirarán sus depósitos y créditos de las entidades que no lo hagan, medida que se dirigirá a todas las entidades, aunque un 95 por ciento de los casos de desahucio son por entidades que han recibido ayudas públicas.

Por otro lado, los ayuntamientos socialistas se proponen asesorar legalmente a los ciudadanos, ejercer de mediadores entre los bancos y quienes necesiten renegociar sus deudas --intereses de demora, dación en pago con alquiler social, etcétera, poner en marcha planes especiales de ayudas sociales --alimentación, becas de comedor, ayudas al alquiler-- y de búsqueda de empleo, favorecer la creación de parques públicos de alquiler social y crear protocolos de servicios sociales.

Además, plantean retirar el impuesto de plusvalía para las personas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para las que logren la dación en pago de la deuda; denegar la participación de la Policía Local salvo requerimiento judicial y publicar los nombres de las entidades bancarias que hayan paralizado los desahucios; también proponen elaborar un registro de familias desahuciadas y de las que estén en riesgo de serlo.