El PP no toca a ninguno de sus señalados por corrupción a la espera de lo que digan los juzgados

Iglesias y Ortiz, a su llegada a los juzgados en su primera comparecencia por el caso Ifesa. Junto a ellos, García Sierra

Javier Iglesias, imputado por prevaricación, mantiene a sus dos diputados que también están imputados. Y en el Ayuntamiento las sospechas de haber propiciado la financiación ilegal no le cuestan a Fernando Rodríguez ni un ápice de poder. El PP se lo juega todo a lo que diga la justicia.

Esta semana se han designado los cometidos de los equipos de Gobierno del PP para la nueva legislatura en el Ayuntamiento de Salamanca y la Diputación. Superado el 'susto' de los resultados del 24-M y con los hombres fuertes de ambas instituciones a salvo, llegaba el momento de diseñar el reparto de poder y atribuciones que, en princio, debe valer para los próximos cuatro años. Y las decisiones han dejado claro que para los populares sus cargos implicados en casos o sospechas de corrupción son intocables.

 

En la Diputación, Javier Iglesias ha introducido muchos cambios y ha prescindido de diputados que llevaban muchas legislaturas, pero ha vuelto a confiar en dos diputados que terminaron la legislatura imputados en sendos casos de corrupción. Carlos García Sierra lo está en el caso de las concesiones irregulares de contratos de obras de La Salina, por el que ya ha declarado una vez; y Jesús María Ortiz lo está en el mismo caso que Iglesias, el de los despidos de la feria agropecuaria, en el que ambos han declarado por dos veces en calidad de imputados. Y el propio Iglesias, que tuvo que presentar su candidatura por Beleña, seguirá pese a la imputación que tiene sobre su cabeza desde hace meses.

 

Aquí, haber prescindido de alguno de ellos habría sonado a juicio previo y asunción de responsabilidades política, algo que Iglesias no se puede permitir porque García Sierra es su mano derecha y hombre de confianza; y menos en el caso de Ortiz, implicado en el mismo caso y con las mismas acusaciones, declaraciones y pruebas. Así que el presidente provincial del PP se ha encomendado a lo que digan los juzgados, que una vez finalizada la fase de instrucción, tendrá que decidir si les acusa de algo y les abre juicio oral o los desimputa.

 

Algo parecido ha ocurrido en el Ayuntamiento. Que Fernando Rodríguez es una pieza clave en la gestión del consistorio, nadie lo duda. Lleva 20 años al mando de la manija y conoce perfectamente toda la 'fontanería' de las cuentas, personal, contratos y funcionamiento municipal. Así que no había muchas dudas de su continuidad, a pesar de que lleva más de seis meses en silencio tras la aparición de los papeles de El País, en los que él mismo reconoce su letra en un documento que señala pagos, en 'a' y en 'b', de empresas concesionarias del Ayuntamiento para sufragar la campaña del PP en 1999.

 

Finalmente, el PP y Fernández Mañueco decidieron ponerle al frente de la coordinación de la campaña municipal, el mismo cargo en el que presuntamente organizó la financiación ilegal años atrás; y el alcalde le dio el mismo puesto en la lista y avanzó las mismas atribuciones. Sin embargo, esta semana le ha dado todavía más poder. Ante la pérdida de concejales, ha decidido concentrar las tareas más importantes en manos de los de su mayor confianza y por eso Rodríguez será a partir de ahora, además de responsable de Hacienda y régimen interior, 'jefe' de la Policía Local y los Bomberos, dos colectivos que han contestado mucho la gestión y decisiones de Mañueco. 

 

Además, ha tomado las riendas para controlar desde el minuto uno a los grupos de la oposición: suya es la polémica decisión de desahuciar al PSOE de lo que han sido sus despachos desde hace 20 años. Y ha estado al frente de las negociaciones para determinar atribuciones, asesores, coordinadores, medios... de que dispondrán, como ya estuvo antes en las negociaciones con Ciudadanos para el acuerdo de investidura.