El Poder Judicial suspende al juez Baltasar Garzón de sus funciones

Cautelarmente. El magistrado recibió la noticia mientras la Comisión Permanente del Consejo se reunía para estudiar su petición al Tribunal Penal Internacional. Aún no se ha alcanzado un acuerdo sobre su traslado
Agencias / Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ya se encuentra oficialmente suspendido cautelarmente de sus funciones, tras haber recibido a las 19.00 horas de ayer la notificación completa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del acuerdo alcanzado para apartarlo de sus tareas, como consecuencia del auto de apertura de juicio oral dictado esta semana por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, por sus investigaciones de las desapariciones del franquismo.

El magistrado recibió la comunicación en su despacho de la Audiencia Nacional, adonde regresó ayer tras haber abandonado la sede judicial a las 14.00 horas entre las muestras de apoyo y de afecto de los funcionarios, los jueces y los fiscales destinados en esta sede judicial.

Sin embargo, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, advirtió de que la decisión no sería efectiva hasta que no se le notificara la resolución argumentada. Bravo aseguró que la comunicación se haría “lo antes posible”, pero en un principio no se preveía que fuera antes del próximo lunes. Sin embargo, finalmente el CGPJ le notificó oficialmente la suspensión ayer por la tarde, mientras estaba reunida la Comisión Permanente del Consejo para analizar su petición de traslado al Tribunal Penal Internacional (TPI). Dicha Comisión, tras casi dos horas reunida, no logró alcanzar un acuerdo sobre la petición del juez Garzón. Según informaron fuentes del Consejo, una vez se reciban los documentos solicitados, la Comisión Permanente se reunirá con carácter inmediato para adoptar una decisión. Así, además de pedir informe al Supremo, se solicita a la Fiscalía del TPI que, a la vista de la nueva situación de Garzón, indique si confirma el ofrecimiento de un contrato de consultoría para el juez como asesor externo y si dicho contrato lleva implícito algún género de inmunidad procesal.

Reacciones a favor de la decisión El secretario general del sindicato ultraderechista Manos Limpias, Miguel Bernard, calificó la suspensión cautelar del juez Garzón de “triunfo de toda la sociedad” porque “nadie está por encima de la Ley” y señaló que esta decisión “ha devuelto la dignidad a la Justicia española”. También reconoció que la asociación a la que representa se congratula de “la independencia” que ha mostrado el Poder Judicial ante las “intolerables presiones y coacciones” provenientes del Poder Ejecutivo, y asegura que esta decisión supone “un triunfo del Estado de derecho”. Asimismo, Bernard ha recalcado que es “absolutamente falso” que a Garzón se le esté juzgando por haber iniciado una investigación sobre los crímenes del franquismo, sino que se le suspende por “un presunto delito de prevaricación” que cometió al “intentar aplicar unas leyes torticeramente”.

Apoyos al magistrado:
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pidió ayer “respeto” para la decisión del Consejo General del Poder Judicial de suspender al juez Baltasar Garzón, pero también para la “presunción de inocencia” del magistrado. Caamaño subrayó que la decisión del CGPJ es “una medida cautelar”, pero pidió “respeto” para este organismo y también para el propio juez, así como para las decisiones que adopte el Tribunal Supremo. El ministro precisó que el juez Baltasar Garzón “sigue siendo inocente”, indicó que tiene que haber una resolución judicial al respecto. Así, sostuvo que el Consejo General del Poder Judicial, con su resolución, “aplicó la ley” y añadió que ahora “hay que esperar a ver qué decide el Tribunal Supremo”.

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, se declaró “en rebeldía” ante la decisión unánime del (CGPJ) de suspender al juez de la Audiencia Nacional. Además, Gaspar Llamazares instó al Gobierno de España a que modifique los miembros del CGPJ, a los que acusó de ser “cómplices necesarios” en lo que considera un “linchamiento sumarísimo que se parece demasiado al tribunal de Orden Público”.