El Plan de la Sequía sale adelante a pesar de ser reducido en un 40%

Otros asuntos. El pleno aprueba también el cambio de titularidad de varias carreteras entre Junta y La Salina y la reducción del sueldo de los miembros de la Corporación que alcanza hasta un 10%
LORENA LAGO

La Salina aprobó ayer el tradicionalmente conocido como Convenio de la Sequía alcanzado con la Junta de Castilla y León a pesar de la reducción del 40 por ciento al que ha sometido la Administración regional este acuerdo. De esta manera, y teniendo en cuenta que el convenio asciende a 900.000 euros, la aportación de cada institución se reducirá un 20% y sólo llegará a los 450.000 euros en cada caso, frente a los 750.000 del año pasado.

Este convenio puso la nota discordante a un pleno que, hasta ese momento, había aprobado todos los puntos del día de forma unánime. En este punto, el PSOE quiso alzar la voz para lamentar que “la Diputación esté de acuerdo en la reducción de las aportaciones que la Junta destina a este convenio porque atenta contra uno de los servicios básicos para los ciudadanos de Salamanca y obliga a una mayor aportación por parte de los municipios”. Así lo manifestó el portavoz socialista en La Salina, Toribio Plaza, quien quiso también insistir en que “no podemos estar de acuerdo tampoco porque se está tratando a esta provincia en las mismas condiciones que a las demás, cuando por todos es sabido que el problema del agua en nuestra provincia es ya un mal endémico”.

Las palabras de Plaza no cayeron en saco roto pues el diputado provincial de Medio Ambiente, Antonio Luis Sánchez, respondió al socialista con la misma rotundidad. “Nosotros tampoco estamos de acuerdo, no nos gusta este convenio pero lo firmamos porque es mejor tener esto que nada. Por otro lado, y en lo que a nosotros corresponde vamos a presupuestar la misma cantidad”. A continuación, Antonio Luis Sánchez, quiso explicar los motivos por los que la Junta ha realizado esta reducción, a pesar de tratarse de un bien básico. “En abril nos confirmaron que se disminuía el convenio porque este año había sido meteorológicamente favorable y se preveían menos necesidades y porque el Gobierno central ha reducido a su vez los presupuestos, lo que ha condicionado la viabilidad de determinados proyectos como éste”.

A este respecto, el portavoz socialista criticó que el PP en la Diputación “no priorice el abastecimiento de agua en los municipios. Para esta Diputación no es básico este servicio. Se están dando condiciones de desigualdad en servicios tan básicos como el abastecimiento de agua y no se está teniendo en cuenta que los principales problemas de nuestra provincia pasan por que el agua no goza de las mínimas condiciones de potabilidad”.

En este punto, el diputado de Medio Ambiente quiso insistir en la cuestión de fondo de este asunto, que no es otra que la cuantía económica. De este modo recordó al socialista Toribio Plaza que “tenemos que firmar lo que tenemos y no vamos a renunciar a ello. De hecho si hay un responsable es el Gobierno, que no ha traído ningún Plan de Sequía a Salamanca”.

En otro orden de cosas, ayer también se acordó el cambio de titularidad de carreteras entre la Diputación y la Junta. Así, pasa a ser de titularidad provincial a regional, las denominadas DSA-230 y DSA-240 que comienza en Guijuelo y pasa por Fuenterroble, Casafranca, Endrinal de la Sierra, Linares de Riofrío, Escurial de la Sierra, Tejeda, Tamames, Aldehuela de Yeltes, Alba de Yeltes y Bocacara, para terminar en el enlace de la A-62, de 73 kms.

La Junta, por su parte, deja de tener la titularidad de las vías SA-320 de Vitigudino al cruce con la CL-517 a Mieza, de 27,95 kilómetros, y la SA-330, de Lumbrales a Vilvestre, por el Puerto de la Molinera con 32,30 kms, una titularidad que cede a La Salina.

Asimismo, el pleno acordó ayer, de forma unánime, la reducción de los salarios a los miembros de la Corporación. Una reducción que alcanza al área de presidencia en un 10%, a los vicepresidentes en un 9%, a los diputados delegados con dedicación exclusiva en un 8%, la misma cuantía que a los portavoces y a los diputados con dedicación exclusiva en un 7%.

En última instancia, el PSOE presentó una moción que quedará sobre la mesa para ser debatida en la próxima comisión y que hace referencia a la nueva ley de servicios sociales y a las competencias que esta Diputación tendrá que asumir tras el desarrollo de la misma.