El pacto anticorrupción entre PP-Ciudadanos abre la puerta al 'adiós' al investigado García Sierra

Carlos García Sierra, a la derecha, junto a Javier Iglesias

Carlos García Sierra puede estar viviendo sus últimos días como vicepresidente de la Diputación si Mariano Rajoy consigue ser investido presidente y en virtud del acuerdo anticorrupción entre PP y Ciudadanos. La razón: Se mantiene su condición de investigado por corrupción en un procedimiento judicial que sigue abierto. 

El pacto por la regeneración democrática y contra la corrupción que que firmaron el PP y Ciudadanos el pasado viernes recoge de forma 'literal' las seis condiciones que el partido naranja exigió para poder negociar su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy y pone plazo para tramitarlas, concretamente tres meses a contar desde la reelección del presidente.

 

Un acuerdo que pone en la puerta de salida al vicepresidente de la Diputación de Salamanca, Carlos García Sierra, vinculado a la trama de contratos irregulares de la institución salmantina. Una marcha que estaría vinculada al punto número uno de ese acuerdo entre su partido, el Partido Popular y Ciudadanos y que reza así: "Separación inmediata de cualquier cargo público imputado formalmente por delitos de corrupción política -- lo que ahora se llama 'investigados'-- hasta la resolución completa del procedimiento judicial".

 

De hecho cuando Rivera presentó su oferta dijo de manera textual: "No se sentará ni en los gobiernos ni en los escaños si Ciudadanos está en una negociación".

 

La 'trama Diputación' es el caso de corrupción que afecta a la institución provincial, tiene dos protagonistas indiscutibles. Se trata del vicepresidente de La Salina, el citado García Sierra, y el jefe de Fomento Manuel Borrego, los dos máximos responsables del área en la que, durante años, se firmaron decenas de contratos bajo sospecha en los que una serie de empresas recibieron presunto trato de favor para adjudicarse obras por varios millones de euros.

 

Los contratos sospechosos corresponden al período entre 2007 y 2014 y, en todo este tiempo, una misma persona ha ocupado el área de Fomento: García Sierra. Probablemente por este motivo el vicepresidente, inicialmente citado como testigo, pasó a imputado (investigado) y tuvo que declarar el 27 de marzo de 2015.

 

Desde entonces nada se ha sabido del contenido de sus declaraciones por lo que García Sierra se mantiene dentro de 'ese grupo' que Ciudadanos exige que se aparten de la vida política para ofrecer su respaldo al Partido Popular. 

 

El caso de García Sierra cumple todos los requisitos. A día de hoy está imputado (invetigado) por un caso en que se investiga un trato de favor a empresas en contratos de obras y el vicepresidente era diputado de área cuando se produjeron los supuestos casos.

 

El proceso está abierto y sino se resuelve entonces deberá dejar su puesto. El plazo límite son tres meses a partir de una investidura. El 30 de noviembre si Rajoy es elegido el 30 de agosto. Comienza la cuenta atrás. 

 

 

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