El Obispado de Salamanca prohibe decir misa al sacerdote Isidro López Santos, acusado de abuso sexual a menores

Iglesia de San Julián, cuya parroquia ocupó el sacerdote acusado, Isidro López Santos

La diócesis salmantina advierte en un comunicado que ha tomado la decisión tras meses de investigación interna y a pesar de que el delito ha prescrito legalmente. El sacerdote no será expulsado, pero dejará de ejercer el ministerio pastoral.

El caso, denunciado por Javier Paz en los juzgados salmantinos el pasado mes de mayo, sacó a la luz presuntos abusos sexuales por parte de Isidro López Santos a varios menores durante años, mientras éste actuaba como párroco de la iglesia de San Julián de Salamanca, en la década de los 80.

 

Tanto el denunciante, uno de los afectados, como otros de los menores que se sumaron a la causa a raiz del paso adelante de éste, eran conscientes de que el presunto delito habría prescrito en todo caso. Sin embargo, en su día explicaron que la denuncia se presentó para evitar que el sacerdote pudiera continuar con su actitud y, de algún modo, buscando una reparación moral a lo sucedido, que según sus impresiones podría haber afectado a muchos más menores que habrían callado por temor a represalias y por verguenza.

 

Ahora, según se desprende del comunicado hecho público por el Obispado de Salamanca, tras "un largo procedimiento, primero de investigación previa de los hechos denunciados y posteriormente de realización de un proceso penal administrativo, una vez derogada la prescripción canónica de los delitos denunciados, que por el largo tiempo transcurrido habían prescrito civil y canónicamente", la decisión final ha sido "sancionarle con la prohibición del ejercicio público del ministerio pastoral".

 

COMUNICADO ÍNTEGRO DEL OBISPADO DE SALAMANCA

 

La Congregación para la Doctrina de la Fe nos ha notificado la conclusión del proceso penal llevado a cabo en relación con el sacerdote de la diócesis de Salamanca, D. Isidro López Santos, acusado del delito de abuso sexual de menores.

 

La Diócesis de Salamanca y la Congregación para la Doctrina de la Fe han llevado a cabo un largo procedimiento, primero de investigación previa de los hechos denunciados y posteriormente de realización de un proceso penal administrativo, una vez derogada la prescripción canónica de los delitos denunciados, que por el largo tiempo transcurrido habían prescrito civil y canónicamente.

 

Con estas actuaciones, la Iglesia ha querido manifestar su compromiso con la verdad y la justicia, creando a la vez las condiciones jurídicas necesarias para garantizar la imparcialidad y la equidad en la comprobación de los hechos denunciados, y salvaguardando en todo momento el derecho a la intimidad y a la buena fama de todas las partes implicadas, así como todos los demás derechos de las víctimas y del sacerdote acusado.

 

Finalmente, la Congregación para la Doctrina de la Fe, habiendo valorado el conjunto de las pruebas recogidas en las actas del proceso y la situación personal del sacerdote acusado, ha decretado sancionarle con la prohibición del ejercicio público del ministerio pastoral.

 

La Diócesis de Salamanca manifiesta su compromiso con la tutela del bien público general y de la Iglesia en particular. Esta responsabilidad se concreta en la vigilancia y protección de los derechos de todos los fieles, pero de un modo especial, en la salvaguarda de los menores, los más frágiles y desprotegidos.

 

Esta comunidad diocesana manifiesta su profundo dolor por unos delitos que han lesionado la santidad del sacerdocio y han herido gravemente la vida cristiana de las víctimas y su comunión con la Iglesia. El Pastor diocesano pide a todos perdón, expresando a la vez el compromiso de que actos semejantes no se repitan nunca más. Así mismo, y sobre todo, expresa su fraternal solidaridad, su oración y apoyo humano y espiritual a todas las víctimas que han sufrido y están sufriendo las consecuencias de los hechos que han motivado el presente proceso penal. Por último, exhorta a los fieles católicos a implorar la misericordia divina para el sacerdote que ha recibido la pena canónica y a otorgarle nuestro perdón cristiano.