El Ministerio fijará un marco de "trabajo inmediato" para una postura común sobre la PAC

La consejera reclama conocer el impacto económico de la reforma y que se mantengan los 7.500 millones anuales que gestiona España
La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, ha anunciado este miércoles que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) se ha comprometido con las comunidades autónomas a establecer "un marco de trabajo inmediato" que permita a España llevar a Bruselas una postura común sobre la Política Agraria Comunitaria (PAC).

En declaraciones a los medios durante un receso de la reunión convocada por el Ministerio para analizar el futuro de la PAC en el horizonte 2014-2020, Clemente ha explicado que las comunidades autónomas y el Ministerio celebrarán una primera reunión técnica con directores generales a la que seguirá un encuentro con consejeros autonómicos del ramo que se celebrará el próximo 17 de octubre para llegar al Consejo de ministros de la Unión Europea el 20 de octubre con "una posición de país".

Se trata de un compromiso que, según Clemente, debería haber llegado "antes" porque, a su juicio, era "imprescindible" fijar una postura común y trabajar con los datos "que circulan desde abril" y que se incluyen en la propuesta filtrada del documento de la PAC que se presentará oficialmente el próximo 12 de octubre en Bruselas.

"Hay que aprovechar este tiempo. Nunca es tarde si la dicha es buena.", ha añadido Clemente, quien ha señalado la necesidad de analizar "técnicamente" los diferentes conceptos que se van a aplicar a partir de la reforma de la PAC, entre los que ha destacado la repercusión en la distribución de los recursos económicos como la tarifa plana o la ecologización de los pagos, dos aspectos que, a su juicio, "requieren una posición de país".

Clemente ha hecho hincapié en la necesidad de realizar un análisis del impacto económico en España durante las reuniones de trabajo, una reivindicación que Castilla y León ha reiterado porque, a juicio de la consejera, "lo más importante es no perder fondos".

En este sentido, la consejera ha considerado fundamental que se mantengan los 7.500 millones de euros anuales que gestiona España porque "será la garantía para mantener los fondos de las Comunidades Autónomas".

"Conocer el impacto económico es fundamental para definir la estrategia de defensa que España tiene que hacer de algunos conceptos que están en los borradores y sólo se puede hacer a partir de ese conocimiento preciso", ha añadido.

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