El Matadero industrial abandonará el municipio antes de cuatro años

Polémica. El segundo punto del orden del día abordó una sentencia que declaraba nulo el punto de un acuerdo plenario por el que tres ediles cobraron asignaciones económicas entre los años 2005 y 2006
E. bermejo
Farragoso pleno el desarrollado ayer en el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, sobre todo en lo referido al punto segundo: ejecución de la sentencia 337/2006 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 el día 6 de noviembre de 2006, que anula el acuerdo del pleno municipal celebrado el 21 de enero de 2005, que modificaba el cuadro retributivo con la creación de dedicaciones parciales.

No obstante, el punto más llamativo del orden del día fue la aprobación definitiva del convenio urbanístico con el Matadero, que deberá salir del municipio antes de cuatro años. Cabe recordar que en el pleno de julio se propuso un plazo de tres años para su salida, pero se ofrece un año más a los propietarios por la crítica situación económica actual.

El Matadero en la actualidad está rodeado de viviendas y se encuentra en el centro de la que será una de las zonas futuras de desarrollo urbanístico, además de que las molestias que ha producido a lo largo de los años la hayan convertido en una industria no deseada con la que todas las corporaciones anteriores han tratado de llegar a un acuerdo sin conseguirlo. Ayer, por fin, se aprobó de forma definitiva el convenio (con el voto en contra de IU), después de informar sobre las alegaciones presentadas en el periodo de exposición pública.

Sentencia no ejecutada
Por lo que se refiere a la sentencia de la que trató el segundo punto, afecta a dos ediles, los socialistas Nicolás Barja e Isabel Tersa, y a la ex edil de UR Isabel Santiago. La decisión judicial indicaba que se habían cobrado asignaciones indebidas por trabajos indebidos, por lo que el juez declaró nulo ese punto del pleno y señaló que la sentencia debía ejecutarse antes del 21 de noviembre de 2006, aunque no se hizo. No obstante, el actual equipo de Gobierno creyó que se había cumplido.

Cuando el asunto volvió a saltar a la palestra, se recogió toda la documentación y se le entregó al abogado municipal, que consideró que había que informar a los implicados del estado de las cosas y, una vez informados, alegaron que aunque se hubiese anulado el punto, ellos habían realizado un trabajo por el que debían cobrar.

El Ayuntamiento nombró entonces a varios instructores para que analizaran los informes y llegaran a una conclusión, pero el asunto se complicó en el momento en el que lo que dijo cada uno era diametralmente opuesto a lo que decían los otros.

Llegados a este punto y vistas las contradicciones el alcalde, Javier Cascante, sugiere que lo decida el pleno y adopta la siguiente propuesta: Comunicar al pleno la sentencia; dar por hechas las comunicaciones a los implicados; leer las dos propuestas aprobadas en la Comisión, una del PSOE a la que se une TC y otra de IU y, por último, poner en conocimiento del Juzgado todo lo que resultara del pleno.

La votación a cada uno de estos puntos fue 15 votos a favor (unanimidad) al primero;14 a favor y la abstención del concejal independiente al segundo;5 a favor (TC y PSOE) uno en contra (IU) y 9 abstenciones (Grupo Popular y edil independiente) al tercero y, por último, 14 a favor y una abstención (concejal independiente) al cuarto punto.

Los afectados se ausentan
El análisis del segundo punto no contó con la presencia de los implicados, que abandonaron el salón de plenos.

Durante la intervención del Grupo socialista su portavoz, José Bote, pidió al pleno que no dudara de la honestidad de sus concejales y que defendiera sus intereses y pidió que se diera por zanjado el asunto después de pedir una compensación entre el dinero cobrado y el trabajo realizado.

Por su parte, la edil de IU, Mariasun Barandiarán pidió al Ayuntamiento “que requiera a los concejales la devolución del dinero y luego, si quieren, que acrediten su trabajo y lo reclamen de nuevo”.