El juzgado también admite a trámite la denuncia del PSOE que señala a García Sierra en la trama de irregularidades

El secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos.

Fernando Pablos anuncia que la justicia ha admitido a trámite la denuncia presentada el pasado diciembre para esclarecer las irregularidades en contratos de la Diputación, y en la que señala directamente a Carlos García Sierra, hombre fuerte de Javier Iglesias, como responsables de los actos del funcionario apartado.

El caso de las presuntas irregularidades en los contratos de obras de la Diputación de Salamanca ha dado hoy un giro radical. Tras publicar hoy el digital diario.es que la Fiscalía ha solicitado a los juzgados que investigue un posible delito de cohecho por parte del funcionario apartado por este asunto, ahora se sabe que la justicia ha admitido a trámite también la denuncia presentada por el PSOE por el supuesto amaño de contratos para concederlos siempre a las mismas empresas. Una práctica en la que apuntan directamente al responsable político del área de Fomento, Carlos García Sierra, y no solo a uno de los funcionarios apartados por este escándalo, Manuel Borrego.

 

El secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos, ha asegurado hace unos minutos que la justicia ha admitido a trámite la denuncia que presentaron el día 16 de diciembre y que, por tanto, el caso está en fase de diligencias previas en las que se deberá analizar si hubo conductas irregulares en la gestión de fondos públicos. En esta el juez encargado puede solicitar las pruebas que consideren oportunas, desde documentación a declaracioes ante los juzgados, lo que puede hacer pasar por la plaza de Colón de nuevo al vicepresidente de la Diputación, Carlos García Sierra. Hombre fuerte del equipo de Javier Iglesias, la denuncia le apunta directamente como responsable político último de la gestión en el área de Fomento, supuestamente envuelta en irregularidades.

 

La denuncia fue el primer paso de la estrategia del PSOE provincial para conseguir que salga a la luz la realidad de la trama de irregularidades, compuesta a priori por cinco empresas que se habrían beneficiado de contratos por más de 12 millones de euros. Sin embargo, los socialistas temen que el radio de las irregularidades afecta a más empresas y contratos. La denuncia admitida a trámite se refiere a los contratos abiertos sospechosos de fraude, y en los que el PSOE cree existen evidencias de amaño. Según denunciaron los socialistas, la Diputación estaría diseñando pliegos de condiciones a medida de determinadas empresas de manera que se beneficiara a las que contrataban habitualmente con la Diputación.

 

La clave para que la justicia haya admitido a trámite esta denuncia puede ser la exhaustiva documentación que ha entregado el PSOE respecto a las irregularidades en la contratación. Los socialistas han aportado una ingente cantidad de contratos, mucho más allá del limitado número de los seleccionados por la Diputación para el informe que envió a la Fiscalía. De hecho, los socialistas consideran esta denuncia ante la justicia complementaria a la vía del fiscal, y de hecho así es: se ha admitido a trámite justo cuando la Fiscalía ha ordenado también investigar lo denunciado desde la institución y reforzado con denuncias de Cámara y Confaes.

 

En las próximas semanas el PSOE presentará dos querellas referentes también a este escándalo en las que pondrá sobre la mesa irregularidades en los contratos por procedimiento negociado sin publicidad y contratos menores, también afectados según los socialistas por prácticas irregulares.

Noticias relacionadas